Estudio del Poder Judicial confirma que el hogar es el escenario más frecuente de violencia de Género

 
El Poder Judicial dominicano realizó el estudio Análisis de Sentencias Judiciales de República Dominicana en Delitos de Violencia de Género e Intrafamiliar, Tortura o Barbarie y Ciberviolencia (2020-2024), iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la investigación de las sentencias y la formación jurídica con enfoque de derechos humanos y género. 

El estudio, realizado a través de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial que lidera la magistrada Nancy Salcedo, estuvo coordinado por la jueza Natividad Ramona Santos de la Jueza de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo y asesora de la citada comisión. 

La investigación confirmó que la mayoría de los hechos ocurren en el ámbito doméstico, particularmente en las viviendas o lugares de habitabilidad de las víctimas, lo que convierte al hogar, espacio que debería ser seguro, en el escenario más frecuente de agresión. 

Asimismo, la mayoría de los casos, la víctima mantiene o mantuvo una relación de pareja, conyugal o de afinidad cercana con el imputado, predominando los hechos cometidos por exparejas y, en menor medida, por parejas actuales o personas del entorno familiar y social inmediato.  

“Esta circunstancia agrava el impacto emocional y psicológico del delito y pone de manifiesto la persistencia de relaciones de poder, dependencia y control que caracterizan la violencia de género en el ámbito privado”, indica el estudio. 

Asimismo, fueron analizadas 20 sentencias concernientes a violencia de género de diferentes distritos judiciales del país, de las cuales 17 fueron condenatorias y tres absolutorias. En los tres casos de absolución llama la atención la no comparecencia de la víctima en dos casos y la abstención de declarar en uno, señala el estudio.  

Mientras que, en actos de tortura o barbarie fueron analizadas 12 sentencias de tribunales colegiados de los juzgados de primera instancia, resultando nueve condenatorios y tres absolutorias. Las penas de prisión están enmarcadas en una escala de cinco (5) a treinta (30) años, siendo que se dictaron dos condenas de cinco años, dos de quince años y el mayor número, cinco, de treinta años, el máximo de la pena en los casos.  

En tanto, respecto a ciberviolencia solo se analizaron cinco sentencias definitivas emanadas de tribunales de Primera Instancia, pues en estos procesos se observó que las víctimas suelen desistir y no llegan a juicio de fondo. Las condenas en prisión oscilaron entre seis meses y hasta 20 años de prisión, con 3 condenas suspendidas.  

Un aspecto que destaca el estudio es la posición del imputado frente a los hechos, arrojando el hallazgo que solo el 10% admite los hechos y un 5% lo justifica; mientras que el 15% lo niega, otro 15% pide perdón, 40% guarda silencio y 15% declara en su defensa.  

Para el análisis de las sentencias se conformaron tres grupos de trabajo integrados por juezas y jueces de las Subcomisiones Departamentales de Género. Estos grupos analizaron decisiones sobre los artículos 309.1, 303 del Código, la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta tecnología (ciber violencia). 

El estudio determinó que, para cometer los hechos, los agresores utilizan sus propias fuerzas y en ocasiones hasta los dientes, además de objetos contundentes, pero las armas blancas ocupan el primer lugar, y las palabras obscenas e hirientes el segundo, también están las amenazas de muerte para infringir miedo. 

En el análisis se puede establecer que los motivos más comunes por los cuales los acusados cometen esos delitos, en mayor incidencia está la no aceptación de que su pareja se separe de estos o quiera hacerlo; seguido del enojo al no poder doblegar o controlar la ira; en tercer lugar, los celos. Se visualiza, además, que varios motivos pueden coexistir en un solo caso, lo cual demuestra la complejidad del fenómeno de la violencia contra la mujer. 

Entre las recomendaciones que plantea el Estudio están:  realizar una labor de armonización legislativa y una política integral de protección; esta debe incluir la creación de leyes integrales y tipificación clara. 

Además, recomienda la incorporación del del Corpus Iuris Internacional en las decisiones. (El Corpus Iuris, es el conjunto de normas y principios que conforman el sistema legal internacional, principalmente en el ámbito de los derechos humanos).