
El proyecto de IRI y Crime Stoppers desarrollará un mapeo integral de actores, incluyendo instituciones gubernamentales, organismos de seguridad, entidades de control, sociedad civil y legisladores clave.
Estos operativos también contaron con el apoyo de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran, la Digesett y el Ministerio Público, instituciones fundamentales para el éxito de los trabajos, que se llevaron a cabo con criterios humanitarios.
Panorama10 de junio de 2025
La Dirección General de Migración (DGM) continuó con su plan de interdicciones, enmarcadas en el respeto absoluto a los derechos humanos y en estricta observancia de los acuerdos internacionales de los que el país es signatario. Estas acciones permitieron la aprehensión de 1,772 nacionales haitianos en situación irregular, mientras que otros 1,357 fueron deportados a su país de origen.
Las operaciones se realizaron en varias regiones estratégicas, incluyendo el Gran Santo Domingo, donde se detuvo a 114 indocumentados; Santiago de los Caballeros, con 114; La Vega, 65; Mao/Santiago Rodríguez, 45; Azua, 32; Barahona, 49; Puerto Plata, 20; Dajabón, 170; Elías Piña, 182; Jimaní, 129; Pedernales, 41, y 66 en Montecristi.
Por su parte, y en coordinación con la DGM, el Ejército de República Dominicana detuvo a 507 indocumentados, el CESFRONT a 129 y la Policía Nacional a 109. Estos operativos también contaron con el apoyo de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran, la Digesett y el Ministerio Público, instituciones fundamentales para el éxito de los trabajos, que se llevaron a cabo con criterios humanitarios.
Proceso de deportación y garantía de derechos
Las deportaciones se realizaron a través de las puertas fronterizas de Elías Piña (779 personas), Dajabón (329), Jimaní (208) y Pedernales (41), donde las autoridades migratorias recibieron a los repatriados. Los detenidos llegaron a esos destinos procedentes de los centros de acogida de la DGM, donde se depuraron de manera individual con procesos que incluyeron la toma de huellas dactilares, datos biométricos y verificaciones de identidad.
La DGM aseguró que en cada etapa del procedimiento se priorizó el trato digno, condiciones adecuadas de seguridad e higiene, y el cumplimiento del debido proceso, en línea con las normativas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Las acciones de la DGM se ejecutan acatando las directrices del Gobierno y el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación, para mantener un entorno migratorio seguro, justo y respetuoso. La institución reiteró, asimismo, que los operativos se seguirán realizando en todo el territorio nacional, siempre bajo las normativas de la Ley 285-04, con humanidad y respeto, para contribuir a la preservación de un entorno seguro y justo, promover la convivencia pacífica y el bienestar de toda la población.

El proyecto de IRI y Crime Stoppers desarrollará un mapeo integral de actores, incluyendo instituciones gubernamentales, organismos de seguridad, entidades de control, sociedad civil y legisladores clave.

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