
El caso ha sido remitido a las instancias competentes para los fines legales correspondientes, asegurando un proceso transparente y apegado a la ley.
La titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova, subrayó el firme compromiso institucional con la investigación de los delitos complejos
Justicia12 de mayo de 2025
SAN PEDRO DE MACORÍS, RD
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ejecutó el arresto de Aníbal Fiorentino Rondón (Super y/o Anibita), contra quien pesaba una orden de arresto por sus vínculos con el acusado por lavado de activos y narcotráfico Yunior Santos Restrepo.
De acuerdo a los fiscales, Florentino Rondón facilitaba sus datos y los de familiares para recibir, mediante el sistema de remesas, altas sumas de dinero procedente del narcotráfico en los Estados Unidos, y que, una vez recibido, entregaba el dinero de manera personal o lo depositaba en las cuentas del acusado Yunior Santos Restrepo, o lo entregaba a la prófuga Diana Patricia Restrepo Nader, madre de Yunior Santos Restrepo, en las instalaciones de la casa de cambio 7/14, propiedad de Restrepo.
El Ministerio Público también realizó un allanamiento a la residencia del investigado, donde se ocuparon elementos de prueba que lo vinculan con la organización liderada por Yunior Santos Restrepo, así como un vehículo de motor que utilizaba en sus actividades ilícitas.
El 21 de septiembre de 2023 fue arrestado el cabecilla de la red, Yunior Santos Restrepo, durante una serie de allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público.
En esa operación se incautaron 93 paquetes de cocaína con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, varios vehículos de lujo, documentos, relojes, joyas y aparatos electrónicos, cuyo análisis permitió establecer vínculos directos con miembros de su organización criminal.
Como parte de esta misma operación, también han sido arrestados y acusados familiares directos de Yunior Santos Restrepo, quienes fungían como testaferros y facilitadores en el ocultamiento de bienes adquiridos con dinero del narcotráfico.
Entre los arrestados se encuentra el regidor de San Pedro de Macorís Walky Cuevas Charles, a quien se le atribuye la posesión de un edificio de tres niveles ubicado en la calle Prolongación Trinitaria, valorado en varios millones de pesos, el cual habría sido adquirido utilizando fondos ilícitos. También, fue detenida Pamela Violeta Astacio Ramón, alias “Melvin Gato”, señalada como colaboradora en las operaciones de transporte y colocación de dinero del narcotráfico.
La investigación, dirigida por los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Castro, cuenta con el apoyo conjunto de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Difla), ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Gracias a esta colaboración se ha podido rastrear el uso sistemático de remesas, transferencias y depósitos en efectivo como mecanismos de blanqueo, utilizando identidades de terceros y cuentas bancarias para introducir grandes sumas de dinero de origen ilícito provenientes del narcotráfico en el sistema económico nacional.
Dentro del plazo establecido, el Ministerio Público presentó la medida de coerción y fue fijada para el 16 de mayo de 2025.
La titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, magistrada Ramona Nova, subrayó el firme compromiso institucional con la investigación de los delitos complejos, actuando bajo las directrices de la procuradora general de la República y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Nova también destacó que este caso representa un golpe contundente al entramado económico del narcotráfico, y reafirma la capacidad del Estado para perseguir y desmontar redes criminales complejas.

El caso ha sido remitido a las instancias competentes para los fines legales correspondientes, asegurando un proceso transparente y apegado a la ley.

Entre los avances principales de esta pieza se destaca el de garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad personal.

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