El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, defendió la institucionalidad y transparencia de los procesos de evaluación que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y planteó establecer un sistema de votación cualificada de siete de los ocho integrantes del organismo como requisito para separar a un juez de la Suprema Corte de Justicia luego de una evaluación.
Durante un encuentro con periodistas que cubren la fuente judicial, Molina sostuvo que el CNM es, por diseño constitucional, un órgano de naturaleza política cuya función fundamental es contribuir a preservar la estabilidad democrática del país, razón por la cual sus decisiones deben adoptarse con rigor, responsabilidad y estricto apego a los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes.
Al responder a los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para ratificar o separar a jueces, el magistrado afirmó que el desempeño de los magistrados de carrera debe ser valorado a partir de parámetros de idoneidad, trayectoria e inamovilidad.
A su juicio, estas garantías no deben entenderse como simples oportunidades de rotación de cargos, sino como mecanismos destinados a proteger la independencia judicial y, en consecuencia, los derechos de los ciudadanos.
Molina consideró que el fortalecimiento de la estabilidad de los jueces puede lograrse sin necesidad de una reforma constitucional, mediante la incorporación de una mayoría cualificada para adoptar cualquier decisión de separación.
Explicó, además, que la inamovilidad protege la función jurisdiccional de los magistrados, mientras que la Presidencia de la Suprema Corte comprende responsabilidades administrativas e institucionales de gobernanza que generan un desgaste natural y permiten una renovación periódica en ese cargo.
Actas registran la votación de cada consejero
El presidente de la Suprema Corte aseguró que las actas de las sesiones del CNM contienen de manera detallada las motivaciones y el sentido del voto de cada uno de sus integrantes.
Afirmó que las decisiones adoptadas por el Consejo responden al marco constitucional y legal, y no a presiones externas ni a tendencias coyunturales de popularidad.
En ese contexto, defendió la importancia de preservar la autonomía de los magistrados para que puedan decidir los casos sometidos a su consideración sin injerencias internas o externas.
"La fortaleza de un sistema democrático descansa en la autonomía de los magistrados", sostuvo Molina, al señalar que la función de los jueces es fallar conforme a la Constitución, las leyes, las pruebas y la sana crítica.
Precisó que la Presidencia de la Suprema Corte no tiene como misión instruir a los jueces sobre cómo deben dictar sus sentencias, sino crear las condiciones operativas e institucionales necesarias para que puedan ejercer sus funciones con responsabilidad.
