
El Ministerio Público señala que el pasado 18 de abril, de manera engañosa, el imputado consiguió que el niño, que se encontraba en la parte frontal de un negocio de venta de comida rápida, abordara la motocicleta en la que se transportaba
Espinosa Guerra fue hallado culpable de dañar o alterar datos informáticos en su condición de empleado público, violando el artículo 10 y su párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
JusticiaEl domingoLa Novena Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a un año de prisión y al pago de una multa equivalente a cincuenta salarios mínimos a Dahiri Miguel Espinosa Guerra, exdirector de Tecnología de la Información de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), por la borradura masiva de datos sensibles pertenecientes a esa entidad estatal.
Espinosa Guerra fue hallado culpable de dañar o alterar datos informáticos en su condición de empleado público, violando el artículo 10 y su párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La sentencia se produce tras una formal acusación presentada por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), encabezada en ese momento por el actual procurador adjunto Iván Féliz Vargas.
Durante el juicio, el fiscal litigante Merlin Mateo Sánchez logró probar que el acusado borró de manera deliberada 377,969 registros de la institución después del 5 de julio de 2020, fecha de las elecciones nacionales.
Entre las informaciones eliminadas se encontraban archivos clave como:
-SAIP, plataforma de denuncias y acceso a la información pública;
-SYSPLAN, sistema para la planificación estratégica institucional;
-Carpeta IPAC, vinculada a una iniciativa participativa anticorrupción promovida por la ONU.
El tribunal dispuso que Espinosa Guerra cumpla su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, con lo cual se marca un precedente importante en la lucha contra los delitos tecnológicos en el ámbito de la gestión estatal.
El Ministerio Público señala que el pasado 18 de abril, de manera engañosa, el imputado consiguió que el niño, que se encontraba en la parte frontal de un negocio de venta de comida rápida, abordara la motocicleta en la que se transportaba
El juez Argelis Ariel Rojas Espinal, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, dictó la medida de coerción y ordenó su cumplimiento en la cárcel pública del municipio Baní, en la provincia Peravia.
Las investigaciones determinaron que el imputado se hacía pasar por policía asimilado a través de publicaciones en redes sociales en las que se promovía, a pesar de ser falso, como una persona que participaba en labores de socorro
La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, valoró la decisión del tribunal, al tiempo que destacó que los procesados recibieron una condena ejemplar y la afectación de los activos que, como organización, habían obtenido por sus actividades ilícitas.
El tribunal también le condenó al pago de una indemnización de RD$5,000,000.00 a favor de la entidad financiera, así como al pago de las costas penales del proceso.
Según lo establecido en la instancia con la solicitud de medida de coerción, el imputado comenzó a abusar sexualmente de la víctima en octubre de 2024.
Con el 93,59 % del escrutinio, Noboa sumó un 55,85% de votos mientras González un 44,15%. La autoridad electoral lo declaró ganador al evidenciarse una “tendencia irreversible”.
La iniciativa del senador Pedro Tineo busque que la ley se aplique a todas las edificaciones e infraestructuras, cuya construcción haya sido concluida 10 años antes de la entrada en vigencia
La tragedia ha conmovido profundamente tanto a la República Dominicana como a su comunidad en este estado, donde residen más de 380,000 dominica
En los últimos años, Francisco había sufrido varios problemas de salud. Se movilizaba en una silla de ruedas debido a dolores de rodilla y de espalda.
Adicionalmente, otras 525 personas indocumentadas fueron repatriadas a su país a través de los puntos fronterizos de Dajabón (289), Elías Piña (91), Jimaní (105) y Pedernales (40).
El juez Argelis Ariel Rojas Espinal, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, dictó la medida de coerción y ordenó su cumplimiento en la cárcel pública del municipio Baní, en la provincia Peravia.
La iniciativa de la presidenta de la CCRDI contó con un importante respaldo de empresas de ambos pueblos para establecer negocios y llegada de turistas italianos a destinos turísticos del país.
El Ministerio Público señala que el pasado 18 de abril, de manera engañosa, el imputado consiguió que el niño, que se encontraba en la parte frontal de un negocio de venta de comida rápida, abordara la motocicleta en la que se transportaba
La integrante de la Dirección Política del partido Opción Democrática (OD) destacó la importancia y la urgencia de que se empiecen a discutir proyectos como el que plantea su partido sobre la creación de un “Certificado de Uso y Habitabilidad” para edificaciones