El abogado y especialista en persecución de crímenes y fraudes financieros, Amadeo Peralta, lanzó una advertencia contundente a quienes utilizan las redes sociales para difundir videos e informaciones falsas que instan a los ciudadanos a retirar sus ahorros del Banco de Reservas, alegando una supuesta falta de liquidez.
Peralta fue enfático al señalar que estas acciones no son simples opiniones, sino delitos graves tipificados en la Ley Monetaria y Financiera (183-02).
Según el jurista, el artículo 80 de la referida ley establece sanciones drásticas para quienes organicen o difundan campañas difamatorias que pongan en riesgo la estabilidad del sistema financiero.
“Dejen de estar jodiendo con eso. Todo el que no quiera pasar el año 2026 en serios problemas, que deje de estar sumándose y difundiendo falsos rumores. Esa acción está sancionada con prisión de 3 a 10 años y multas que van desde los RD$500,000 hasta los RD$2,500,000.00”, sentenció Peralta.
"Barrido" en redes sociales y persecución internacional
El especialista reveló que las autoridades no están de brazos cruzados. Informó que la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), el Banco de Reservas, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público están realizando un "barrido" exhaustivo en todas las plataformas digitales.
El objetivo es identificar a los autores de estos videos, incluso si se encuentran en el extranjero. Peralta advirtió que, al tratarse de un tema que afecta la estabilidad económica del país, se maneja bajo el protocolo de seguridad nacional.
El abogado hizo una distinción clara para no confundir a la población sobre sus derechos como usuarios:
Es legítimo y legal: Denunciar ante ProUsuario o redes sociales si empleados bancarios están cometiendo fraudes, robos de identidad o si el departamento de seguridad del banco no ofrece respuestas ante reclamaciones de tarjetas de crédito o débito.
Es un delito grave: Salir a divulgar que una institución bancaria está "quebrada" o instar a los ahorrantes a un retiro masivo basado en rumores falsos.
Consecuencias procesales inmediatas
Peralta advirtió que una vez identificados los responsables, el Ministerio Público solicitará medidas de coerción,
Prisión preventiva o arresto domiciliario.
Impedimento de salida del país y colocación de grilletes electrónicos.
Demandas civiles por daños y perjuicios por parte del Banco de Reservas, lo que podría derivar en el embargo de los bienes de los imputados.
"El nuevo ordenamiento procesal penal trae disposiciones que podrían ser muy perjudiciales para quienes resulten sometidos por estos hechos. Mi exhortación es clara: si no quiere caer preso y perder su patrimonio, deje de difundir esos videos", concluyó el jurista.
