De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, presentada por el procurador fiscal Johnny Arroyo, titular de la Fiscalía Comunitaria del Ensanche Naco, los hechos ocurrieron en dos casos separados, en los que las víctimas fueron inducidas a perder el conocimiento mediante una sustancia desconocida y posteriormente despojadas de artículos de alto valor, dinero en efectivo y documentos personales.
El primer incidente se registró el 24 de marzo de 2025, en un apartamento de la Torre Mineri XVIII, en el Ensanche Naco, donde las imputadas María Fernanda Jurado Martínez y Laura Valentina Mosquea Hernández, tras conocer a las víctimas Ernest Miguel Soto Luna y Eloy Núñez Peña a través de Tinder, presuntamente los drogaron mientras compartían.
Al despertar dos días después en una clínica, las víctimas descubrieron que les habían sustraído relojes de alta gama, teléfonos celulares, dinero en efectivo y tarjetas bancarias, con las cuales se realizaron diversas transacciones fraudulentas.
El segundo caso ocurrió en la madrugada del 22 de marzo de 2025, en la Torre Laura Michelle XXXIV, en el sector Los Praditos, donde los imputados Nicolás Giraldo Murillo y Joseph Stiven Rodríguez Pérez presuntamente drogaron a Augusto César Cabral y Anderson de la Cruz tras coincidir en un bar de la Zona Colonial. Posteriormente, los despojaron de dispositivos electrónicos, joyas, dinero en efectivo y realizaron compras con sus tarjetas por sumas considerables en distintos establecimientos comerciales.
Las cámaras de seguridad de la residencia de una de las víctimas captaron a los imputados trasladándolos en estado de inconsciencia y posteriormente abandonando el lugar con sus pertenencias.
Los imputados Nicolás Giraldo Murillo, Joseph Stiven Rodríguez Pérez, María Fernanda Jurado Martínez y Laura Valentina Mosquea Hernández fueron apresados el 29 de marzo de 2025, en virtud de órdenes de arresto judiciales emitidas en su contra por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por la comisión de los hechos previamente descritos.
El Ministerio Público calificó los hechos como asociación de malhechores y robo agravado, en violación a los artículos 265, 266, 379 y 317, párrafo 2 del Código Penal Dominicano, y solicitó la prisión preventiva como medida de coerción por considerar que existe un alto riesgo de fuga y reiteración delictiva.
El conocimiento de la solicitud de medida de coerción fue fijado para este jueves 3 de abril, a solicitud de la defensa, con el propósito de preparar los presupuestos de defensa de los imputados.
