El organismo que regula la entrada, permanencia y salida del país también sometió a la justicia, en ese mismo lapso de tiempo, a ocho (8) dominicanos y cuatro (4) haitianos acusados de ilícitos como tráfico de migrantes, falsificación de documentos, rebelión a la autoridad, destrucción a la propiedad del Estado, estafa, robo y cohecho.
Las acusaciones son el producto del fortalecimiento de las habilidades operativas y de investigación de la dirección jurídica de la DGM y fueron procesadas en Pedernales, Independencia, Bahoruco, Independencia, Jimaní, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. A los involucrados se les aplicaron medidas de coerción que van desde prisión preventiva, fianza y garantía económica, hasta impedimento de salida del país.
Respecto a los expulsados, 5,817 fueron deportados desde los puestos de retención de Haina (4,202), Santiago (1,146) y Dajabón (469). También se repatriaron 7,147 haitianos indocumentados, de los que 2,463 fueron por el punto fronterizo de Elías Piña, 2,456 por Dajabón, 1,286 por Jimaní y 942 por Pedernales.
Los reconducidos a su país de origen fueron detenidos en 124 operativos del plan ampliado de interdicción y contención de flujos de extranjeros que dispuso el presidente Luis Abinader para aplicarse en todo el territorio nacional y se realizaron en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea Dominicana, el Ministerio Público, la Digesett, Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila y otras entidades gubernamentales.
Las operaciones que hace la DGM obedecen a una estrategia integral con el propósito de mantener la estabilidad y la transparencia en todos los aspectos del tema migratorio. Las deportaciones se hacen de conformidad con el marco legal y garantizando y respetando los derechos humanos de los inmigrantes, sean estos hombres, mujeres, embarazadas, envejecientes, niñas, niños o adolescentes.
El órgano encargado de regular el flujo migratorio y la estadía de extranjeros en el territorio dominicano también ha concentrado su accionar en el reforzamiento de los controles en puertos y aeropuertos, implementando medidas para evitar la entrada y salida irregular de personas. Asimismo, ha optimizado los servicios migratorios, garantizando una mayor eficiencia en los procesos de verificación y fiscalización.
