El Tercer Juzgado de Instrucción de esta demarcación judicial de Santiago dictó auto de apertura a juicio y ratificó las medidas de coerción contra los integrantes de una estructura criminal, entre quienes se incluye un empleado del Poder Judicial, que falsificaron documentos judiciales con los cuales favorecieron a imputados de delitos graves.
La jueza Iris Sugelly Borgen Santana, quien en sus motivaciones destacó la gravedad de los delitos indilgados a los imputados en la acusación presentada por la fiscal Aida Medrano Gonell, de la Fiscalía de Santiago, sostuvo que se trata de una afrenta que atenta contra la seguridad jurídica.
El tribunal admitió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo documentales, otras periciales y materiales, que reforzaron el escrito de acusación que contempla múltiples delitos contra los imputados Ariel Antonio Bencosme Reyes, Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, Jonathan Francisco Vásquez Ventura y Francisco Antonio Vásquez Pichardo (Frank).
De los miembros de la red acusados, Comprés Rodríguez se desempeñaba como vendedor de fianzas judiciales en Santiago y en La Vega, en tanto que Bencosme Reyes ejercía como supervisor del Archivo Central del Poder Judicial en Santiago.
Haciendo uso de las múltiples pruebas que se recolectaron en la etapa de investigación y que las detalla minuciosamente el escrito de acusación, la fiscal Aida Medrano Gonell, expresó ante la jueza que los miembros de esta estructura mafiosa, incurrieron en la falsificación de sentencias, resoluciones, contratos de fianza y otros documentos judiciales, para agenciarse con la libertad irregular de imputados por delitos graves.
Las maniobras del grupo fueron desveladas cuando intentaban lograr la libertad, por medios ilícitos, y a cambio de altas sumas de dinero, de uno de los imputados de la Operación Discovery, quien ya fue condenado al acogerse a un proceso penal abreviado.
La Fiscalía de Santiago le atribuye a los miembros de la red delitos por constituirse en asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado, los que contemplan violación a los artículos 265, 266, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano.
