San José, Costa Rica
El diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, informó este jueves que demandó al Estado nicaragüense por la expropiación de sus bienes, que han valorado en al menos 32 millones de dólares.
El periódico, fundado el 2 de marzo de 1926, explicó en su sitio web que los directivos del grupo editorial La Prensa presentaron una demanda ante organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado de Nicaragua.
Según el rotativo, el "robo" de sus instalaciones provocó pérdidas por más de 32 millones de dólares, sin incluir "el valor histórico incalculable por perder su hemeroteca y cuantiosos daños a más de 400 colaboradores del grupo" que se vieron obligados a irse al exilio por razones de seguridad y los que permanecen en Nicaragua se les niega trabajo por su pasado con el medio.
El Gobierno que preside Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, entregó el 23 de agosto de 2022 a las autoridades estatales el edificio propiedad de La Prensa.
Las instalaciones de La Prensa, ubicadas en una zona industrial en el norte de Managua, permanecieron en poder de la Policía Nacional desde el 13 de agosto de 2021, cuando las autoridades nicaragüenses alegaron que el medio supuestamente era utilizado para cometer delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”.
Su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) -quien venció a Ortega en las elecciones de 1990-, fue condenado a 9 años de prisión por el delito de “lavado de dinero”; luego fue excarcelado, enviado a Estados Unidos y desnacionalizado en febrero de 2023.
La Prensa, que ahora solo se publica de forma digital, precisó en su escrito de este jueves que sus instalaciones albergaban la redacción, la rotativa, talleres, imprenta comercial, bodegas, hemeroteca, oficinas de los departamentos de ventas, circulación, mercadeo, contabilidad y administración.
El recuento de pérdidas superan los 32 millones
"Al día que el régimen se las tomó, (esas instalaciones) estaban valoradas en más de 20 millones de dólares", afirmó.
A esa cantidad, el rotativo suma 11 millones de dólares de una demanda en contra de la Dirección General de Servicios Aduaneros por los perjuicios provocados por la retención ilegal del papel entre septiembre de 2018 y febrero de 2020.
"Además de otros montos no contabilizados en inventarios en proceso y cuentas bancarias. También el incalculable e intangible valor histórico de la hemeroteca del diario", añadió.
La Prensa explicó que en un primer recuento de pérdidas, sin documentos a mano y con los principales ejecutivos "secuestrados" o en el exilio, "no había claridad en cuanto al monto de lo robado".
"Pero después, cuando se recuperaron los avalúos y los documentos de las aseguradoras, se fijó el monto de la pérdida en 18 millones de dólares, más 2.27 millones de dólares por el valor del terreno donde están las instalaciones", anotó.
El periódico aseguró que la CIDH, luego de presentar la demanda, los conminó a hacer un nuevo recuento de las pérdidas, "y fue entonces que al monto (de 20.27 millones de dólares) se agregó la suma de 11 millones de dólares de la demanda contra la Dirección General de Servicios Aduaneros".
Daños no cuantificables
También hay daños que aún no cuantifican, entre ellos el lucro cesante de los al menos 1,000 días de uso de las instalaciones, que incluyen los inventarios en proceso que son los trabajos de los clientes de la imprenta que quedaron en el local al momento del robo, continuó.
Además, 500,000 dólares que calculan es el valor de la hemeroteca, que reúne la colección de 96 años de publicaciones de La Prensa y también de todos los periódicos que existieron en el país en el último siglo, así como colecciones de revistas y fotografías.
"Así que sin incluir el incalculable valor histórico, el robo de las instalaciones supera los 32 millones de dólares", puntualizó ese medio, que advertido que la Constitución de Nicaragua, en su artículo 44, prohíbe la confiscación, y que el Estado solamente puede hacerse de bienes privados cuando los afectados son indemnizados, y ese no ha sido el caso.
