
Los hechos se registraron el 5 de diciembre de 2025, cuando el imputado profirió amenazas de muerte e insultos contra la víctima en su residencia, conducta que quedó documentada mediante registros audiovisuales incorporados al proceso.
Además, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Supema Corte fijaron para el miércoles, 12 de junio de 2024, a partir de las 11:00 de la mañana, la audiencia para conocer la solicitud de extradición.
Justicia10 de mayo de 2024 ventana
En atención al pedimento del Ministerio Público, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le impuso prisión preventiva al nacional ruso Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, cabecilla de una organización delictiva internacional que cometió estafa por más de 645 millones de euros, mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.
El imputado Sergei Berezin y/o Paul Bergholts fue arrestado con orden judicial el pasado mes de abril en un complejo turístico de la provincia La Altagracia por miembros del Ministerio Público de la República Dominicana, con el apoyo de la Policía Nacional y otras agencias de Investigación del Estado, con fines de extradición hacia España.
El procurador adjunto Andrés Chalas representó al Ministerio Público en la audiencia donde este jueves los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Jerez, Nancy Salcedo y Fran Soto, ordenaron que el nacional ruso cumpla la medida de coerción de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Los jueces rechazaron la solicitud de nulidad de las actas de arrestos y allanamiento que solicitó la defensa, y declararon buena y válida la solicitud de medida de coerción formulada por el Ministerio Público en contra del imputado.
Además, fijaron para el miércoles, 12 de junio de 2024, a partir de las 11:00 de la mañana, la audiencia para conocer la solicitud de extradición.
El Ministerio Público recordó que, atendiendo a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional, realizada por las autoridades judiciales de España, se ha brindado apoyo a una investigación liderada por la Policía Nacional española, con la colaboración de Europol, Eurojust y agentes de otros países como Estados Unidos y el Reino Unido. Esta acción tuvo como objetivo desmantelar la red criminal que perpetró la estafa millonaria a nivel internacional.
En respuesta a esta solicitud de asistencia, la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conformaron un equipo multidisciplinario, integrado por miembros de la Policía Nacional y de otras agencias estatales de investigación, quienes desplegaron una amplia labor de inteligencia que logró ubicar al presunto líder de la organización, el ciudadano ruso Sergei Berezin.
Los investigadores destacaron que, con base en las evidencias recopiladas, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la autorización judicial para realizar allanamientos en tres apartamentos vinculados al ciudadano ruso, así como una orden de arresto con fines de extradición emitida por la Suprema Corte de Justicia.
Como resultado de esa acción, el ciudadano ruso fue arrestado en uno de los apartamentos localizados en dicho complejo turístico.
Durante los registros se incautaron DOP$922,800.00, USD$33,310.00, 880.00 €, 105 leu romano, 300 dírhams y 26,100 rublos en efectivo, así como varios cargadores para pistolas, con capacidad para 31 cápsulas calibre 9mm.
También, se le ocuparon múltiples pasaportes con información, presumiblemente, falsa, dispositivos electrónicos y una yipeta marca Tahoe, además de varias porciones de un vegetal verde, presumiblemente, marihuana.
Igualmente, fueron incautadas varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum, por un monto aproximado de USD$55,996.86.
La operación contó con la participación de más de cincuenta efectivos de la Policía Nacional, incluyendo unidades tácticas SWAT y Lince, Boina Gris, miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Unidad Canina K-9, y de expertos en desarme de explosivos.

Los hechos se registraron el 5 de diciembre de 2025, cuando el imputado profirió amenazas de muerte e insultos contra la víctima en su residencia, conducta que quedó documentada mediante registros audiovisuales incorporados al proceso.

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