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Arnon Nampa fue declarado culpable de difamar al rey Maha Vajiralongkorn durante una manifestación liderada por estudiantes el 14 de octubre de 2020
Las Mundiales27 de septiembre de 2023 Jintamas SaksornchaiUn destacado abogado tailandés de derechos humanos fue sentenciado el martes a cuatro años de prisión por insultar a la monarquía, la primera condena dentro de una controversial ley de protección a la corona desde que un gobierno civil tomó el control del país tras años de gobierno con apoyo militar.
Arnon Nampa fue declarado culpable de difamar al rey Maha Vajiralongkorn durante una manifestación liderada por estudiantes el 14 de octubre de 2020 que conmemoraba un alzamiento popular de 1973 que acabó con una dictadura militar tras una década. También recibió una multa de 20.000 bahts (550 dólares) por violar un decreto de emergencia que prohibía las aglomeraciones para combatir los contagios de COVID-19.
Arnon, de 39 años, aún tiene 13 casos pendientes por la ley de lesa majestad, que convierte los insultos al monarca, su familia inmediata y el regente en delitos punibles con hasta 15 años de prisión.
La corte dijo en su fallo del martes que Arnon había declarado en la marcha que si les dispersaban sería por orden del rey Maha Vajiralongkorn. Esa afirmación era falsa, según el tribunal, porque esas acciones son decisión de la policía, y por lo tanto Arnon había difamado al rey.
El abogado de Arnon, Kritsadang Nutcharat, dijo que su cliente apelaría y pediría la libertad bajo fianza. Arnon abrazó a su hijo antes de ser trasladado para su encarcelamiento.
El abogado dijo a la prensa antes de entrar en la sala que incluso si perdía su libertad, su lucha merecía la pena. Estaba acompañado por su esposa, su hijo y su padre. Otra veintena de personas acudió a la Corte Penal de Bangkok para expresar su solidaridad.
“El movimiento de la nueva generación creó un fenómeno de cambio para el país de una forma que no se puede hacer retroceder”, dijo Arnon. “Quiero que la lucha de la nueva generación cambie de verdad el país”.
Arnon recibió en 2021 el Premio Gwangju de Derechos Humanos de una fundación surcoreana por su trabajo a favor de la democracia.
Estuvo entre los primeros en pedir de forma oficial una reforma de la monarquía y se ha mantenido como uno de los defensores más destacados del movimiento. Este año acusó al gobierno de utilizar el software espía Pegasus, conocido a nivel internacional, para monitorear sus dispositivos móviles.
La monarquía se consideraba tradicionalmente como un pilar de la sociedad tailandesa, y criticarla era tabú. Los tailandeses conservadores, especialmente en el ejército y las cortes, aún consideran la corona como intocable, pero el debate público sobre el tema ha aumentado recientemente, especialmente entre los jóvenes.
Los críticos dicen que a menudo, la ley de lesa majestad se ha utilizado para sofocar la disidencia política. Al menos 257 personas han sido acusadas en 278 casos desde noviembre de 2020, incluidos al menos 20 menores, según el grupo Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos.
La oposición a la reforma de la monarquía se hizo evidente tras las elecciones generales tailandesas en mayo, que pusieron fin a casi una década de gobierno de Prayuth Chan-ocha, que llegó al poder en un principio en un golpe militar de 2014.
La formación progresista Partido Adelante obtuvo la mayoría de los escaños en los comicios, pero el Parlamento le impidió asumir el poder. Miembros conservadores del Senado nombrado por el ejército, que eligen al primer ministro junto con la Cámara de Representantes elegida en las urnas, votaron en contra de que Pita Limjaroenrat asumiera el poder, señalando la petición del partido de hacer una leve reforma en la ley de lesa majestad.
El partido populista Pheu Thai, que quedó segundo, formó entonces una coalición con partidos respaldados por militares y logró formar un gobierno liderado por el primer ministro Srettha Thavisin. Pheu Thai prometió no cambiar la ley de lesa majestad para ganar apoyos para su gobierno.
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Gerardo Blyde, afirmó en una rueda de prensa que los partidos opositores siguen en la ruta electoral y exigió que se permita la participación de todos los candidatos
Como resultado, eliminaron a los intrusos y destruyeron dos lanchas neumáticas y otras dos embarcaciones.
El grupo enfatizó además que de los 37,5 millones de dólares que tiene disponibles en este momento, 36 están apartados para financiar la campaña.
Así lo informó el fiscal del caso, Mario Burgos, quien dijo en una audiencia pública que, como parte de un acuerdo de colaboración con la Justicia, Petro Burgos "aportó información relevante que la Fiscalía desconocía"
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Aseguró que, a pesar de no formar parte de la comisión encargada de estudiar la iniciativa, decidió asistir a la sesión para informarse, escuchar a los funcionarios y defender los intereses de su provincia y del país.
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