Dos años después de las protestas que sacudieron a Cuba, más de 700 personas han sido procesadas judicialmente, lo que supuso críticas internacionales al gobierno cubano ante lo que se consideró una restricción a la libre expresión. Muchas familias todavía esperan algún gesto de las autoridades o la aplicación de penas menos severas.

“Tenía esperanzas de que los liberen”, dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica Elizabeth León, un ama de casa de 56 años de la barriada popular de La Güinera y madre de tres presos. “Ellos no reportaban antecedentes penales. Yo me siento orgullosa de mis hijos. El gobierno no tiene piedad”, se lamentó.

De los hijos de León, José Antonio Gómez, de 37 años, era chofer de montacargas; su hermano Santiago Vázquez, de 23, trabajaba como custodio y ambos recibieron una condena a siete años de prisión por sumarse a la protesta. El tercero, Frandy González, de 29, fue condenado a seis años y se le permitió en dos ocasiones en lo últimos meses salir de “pase”, es decir, visitar a la familia desde un viernes por la tarde hasta el lunes al mediodía.

El 11 y 12 de julio de 2021 miles de personas se manifestaron en La Habana y varias de las principales ciudades de Cuba en un contexto de crisis económica, desabastecimiento de bienes básicos y frecuentes apagones. Muchos demandaban mejoras económicas, pero otros reclamaban cambios políticos. Fueron las primeras protestas que enfrentó el gobierno cubano en al menos dos décadas.

Algunas de las marchas –que carecieron de un liderazgo-, se desarrollaron pacíficamente, pero otras terminaron en acciones vandálicas, agresiones, saqueos de tiendas y destrucción de vehículos, que según el gobierno cubano son los hechos por los que hubo detenciones.

De acuerdo con las autoridades cubanas las protestas -que fueron ampliamente difundidas en las redes sociales- fueron una operación del gobierno de Estados Unidos y grupos de interés destinadas a socavar a la revolución en el marco del endurecimiento de las sanciones de Washington a la isla.

 
En contrapartida, organizaciones vinculadas con el oficialismo cubano salieron también a las calles y se produjeron enfrentamientos.

El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel recibió duras críticas internacionales por la represión de las protestas e internet se cortó en la isla durante las manifestaciones.

“Hoy se cumplen dos años desde que decenas de miles de cubanos en toda la isla alzaron la voz por sus libertades fundamentales. Estados Unidos se solidariza con aquellos en Cuba que continúan deseando una democracia libre donde se escuchen sus voces, sus negocios prosperen y sus hijos puedan lograr un futuro mejor", dijo el martes en un comunicado el secretario de Estado estadounidense Antony J. Blinken.

Agregó que "el mundo no olvidará a quienes valientemente hicieron oír su voz ante la extrema represión, incluidas las más de 700 personas que permanecen en las cárceles”.

 
Tanto este segundo aniversario como el primero fue ampliamente recordado en las redes sociales, pero en la isla el día transcurrió sin incidentes.

Tras las protestas no se informó de inmediato la cantidad exacta de personas detenidas, pero la organización no gubernamental Justicia 11J recolectó unos 1.555 nombres.

En enero de 2022 la Fiscalía General de la República indicó que había 790 personas procesadas por delitos de diversa gravedad -entre ellos desórdenes públicos, sedición, atentado o desacato-, de las cuales 55 tenían entre 16 y 18 años.

Para junio de 2022 los tribunales habían condenado a 381 personas de las cuales a 84 no se les aplicaron penas de prisión pero sí trabajo correccional, arresto domiciliario o multas. Algunas de las condenas alcanzaron los 30 años de prisión por sedición, uno de los delitos más severamente castigados por el Código Penal cubano.

El gobierno defendió las sanciones alegando que fueron justas, según lo estipulado en el Código Penal e impuestas por los tribunales y que no constituyeron violaciones a la libertad de expresión.

Uno de los efectos de la crisis económica y las manifestaciones fue la salida de unos 300.000 cubanos entre octubre de 2021 y diciembre de 2022 sobre todo a Estados Unidos y Europa.

Desde entonces no se repitieron protestas de esa magnitud pese a que la economía aún no se ha recuperado.

Se desconoce si las autoridades negocian excarcelaciones como las realizadas en la pasada década a pedido de la Iglesia católica y que beneficiaron a 52 personas.

Mientras, las familias esperan algún gesto de buena voluntad del gobierno.

“Hoy se cumplen dos años de aquellos sucesos y pensábamos que nos iban a sorprender con soltarlos o algo. Ya van 24 meses presos”, dijo a AP Emilio Román, padre de tres jóvenes condenados.

A sus hijos, un varón llamado Yosney, de 27 años, y una muchacha de 25 llamada Mackyanis, les impusieron sentencias de 10 años a cada uno. A Emiyoslán se le impuso la libertad condicional pero luego fue ingresado en un correccional del que se le permite salir con regularidad.

“Ellos aquí en Cuba no pueden seguir”, agregó Román, quien fantasea con una amnistía o que algún país los albergue.

“Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata de los presos políticos injustamente detenidos e instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros para exigir al gobierno cubano la liberación de los cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otras personas injustamente encarceladas”, sostuvo Blinken.