Condenan a cuatro hombres por estafar al Estado con fondos del programa “Quédate en Casa”

Un tribunal de San Juan de la Maguana condenó a cuatro hombres a penas de entre cinco y 10 años de prisión, tras encontrarlos culpables de integrar una estructura que estafó al Estado dominicano mediante la sustracción de recursos destinados a familias vulnerables beneficiarias del programa de asistencia social “Quédate en Casa”, implementado durante la pandemia de la Covid-19.
El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana impuso 10 años de prisión a Daniel Villegas Aquino (Pocholo), además del pago de una indemnización de RD$2 millones a favor de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), actualmente Dirección de Desarrollo Social Supérate, y una multa equivalente a 500 salarios mínimos del sector público.
Mientras que Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa fueron condenados a siete años de prisión cada uno, al pago de indemnizaciones de RD$1 millón y multas equivalentes a 250 salarios mínimos del sector público.
En tanto, Rikelvin Alcántara Reyes recibió una condena de cinco años de prisión, una indemnización de RD$1 millón a favor de la ADESS y una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público.
El tribunal también ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de cerca de RD$1 millón ocupado a Villegas Aquino.
Las condenas fueron dictadas por los jueces Edward Augusto Gerónimo Sánchez, quien presidió el tribunal, Blaury Luciano Ferreras y Luis Manuel Marte Leonardo.
El mecanismo utilizado para cometer el fraude
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la estructura criminal utilizaba datos personales y códigos de beneficiarios de los programas sociales para realizar transacciones fraudulentas mediante dispositivos electrónicos de pago, conocidos como verifones, vinculados a establecimientos comerciales.
La investigación determinó que las operaciones ilegales afectaron recursos administrados por la ADESS, destinados a garantizar la alimentación y asistencia económica de miles de familias dominicanas durante la emergencia sanitaria.
Durante los allanamientos realizados en el curso de las pesquisas fueron ocupados equipos electrónicos, dispositivos de procesamiento de pagos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo.
Estas evidencias, junto con los análisis forenses practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), fueron incorporadas por el órgano acusador como elementos probatorios durante el juicio.
El expediente establece que los recursos obtenidos mediante las operaciones fraudulentas eran utilizados para adquirir bienes y desarrollar actividades comerciales con la finalidad de aparentar un origen lícito.
La investigación estuvo a cargo de un equipo del Ministerio Público encabezado por los fiscalizadores Hernanda Arias Peña y Vicente Rodríguez Sánchez.
La acusación incluyó los delitos de estafa agravada, estafa electrónica, asociación de malhechores para cometer fraude contra el Estado y lavado de activos, tipificados en el Código Penal dominicano y las leyes 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y 155-17 contra el Lavado de Activos.
Apelarán absoluciones
El Ministerio Público anunció que recurrirá en apelación las decisiones absolutorias dictadas a favor de Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández, quienes también fueron procesados por su presunta vinculación con la estructura.
El órgano acusador informó que interpondrá los recursos correspondientes al considerar que existen fundamentos para solicitar la revisión de esas decisiones ante una instancia judicial superior.
Durante el juicio, el Ministerio Público había solicitado condenas de 20 años de prisión para Daniel Villegas Aquino y Ambriori Encarnación Ubrí, mientras que para Héctor Leury Ortiz de la Rosa y Rikelvin Alcántara Reyes pidió 15 años.
Para Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando y Sergio Alexander Bidó Nova solicitó 10 años de prisión, y para Juan José Polanco Fernández pidió una condena de cinco años.
Asimismo, había solicitado el decomiso de tres vehículos incautados durante un allanamiento en la vivienda de Villegas Aquino, además de los bienes ocupados durante un operativo realizado en la residencia de Encarnación Ubrí.
Los condenados cumplirán las penas en la cárcel pública de San Juan de la Maguana y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña, conforme a lo dispuesto en la sentencia.
El Ministerio Público destacó la importancia del proceso, al tratarse de un fraude contra fondos públicos destinados a garantizar asistencia económica y alimentaria a familias en condiciones de vulnerabilidad durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia.
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