Suprema Corte destituye a notario por legalizar firma falsa en venta de terreno en Miches

El caso se originó a raíz de una querella disciplinaria presentada el 8 de enero de 2016 por Yousef Mohammed Almubarak, Alanoud Omar Alhamdy, Jawharah Omar Alhamdy y Alateeki Maha Saleh Alhamdy
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) destituyó al notario público Demetrio Severino, del municipio de La Romana, tras declararlo culpable de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones al legalizar la firma de un contrato de compraventa de un terreno de 201,958.3 metros cuadrados, ubicado en Miches, provincia El Seibo.

Mediante la sentencia núm. SCJ-PL-26-00006, los jueces rechazaron el recurso de apelación interpuesto por el notario y acogieron el recurso incidental presentado por los continuadores jurídicos del fallecido Omar Saleh Alhamdy, quienes procuraban que se sustituyera la suspensión de un año que le había sido impuesta inicialmente por la destitución definitiva de sus funciones.

La decisión establece que Severino violó los artículos 8, 56 y 61 de la Ley 301, sobre Notariado, vigente al momento de los hechos, por lo que dispuso su destitución a partir de la notificación de la sentencia.

El caso se originó a raíz de una querella disciplinaria presentada el 8 de enero de 2016 por Yousef Mohammed Almubarak, Alanoud Omar Alhamdy, Jawharah Omar Alhamdy y Alateeki Maha Saleh Alhamdy, quienes denunciaron irregularidades en un contrato de compraventa suscrito el 5 de agosto de 2006.

En ese documento, Omar Saleh Alhamdy figuraba como vendedor de una porción de terreno de 201,958.3 metros cuadrados, ubicada dentro de la parcela 11-A-3-A-2-B, del distrito catastral 48/1 del municipio de Miches, a favor de Juan de la Rosa Sánchez, por un monto de RD$2,464,107.20.

Los querellantes sostuvieron que la firma atribuida al vendedor había sido falsificada y que este no se encontraba en el país cuando supuestamente se realizó la operación inmobiliaria.

Dos peritajes con resultados diferentes

Al examinar las pruebas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tomó en consideración dos informes de experticia caligráfica realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), los cuales arrojaron resultados contradictorios sobre la autenticidad de la firma.

El primero, de fecha 17 de abril de 2015, concluyó que la firma estampada en el contrato de compraventa no se correspondía con la que aparecía en el pasaporte de Omar Saleh Alhamdy.

Sin embargo, una segunda experticia, realizada el 4 de noviembre de 2018, determinó que la firma del contrato sí coincidía con otros documentos utilizados como referencia para la comparación.

La Suprema Corte otorgó mayor valor probatorio al primer informe, debido a que la comparación se realizó con la firma contenida en un documento oficial, en este caso el pasaporte del vendedor.

Los magistrados también tomaron en cuenta una certificación de la Dirección General de Migración que indica que el señor Alhamdy no registraba movimientos migratorios en el sistema computarizado entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2014.

A esto se sumó la sentencia núm. 202200152, del 2 de agosto de 2022, mediante la cual el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este declaró nulo y sin valor jurídico el contrato de compraventa del 5 de agosto de 2006, así como inoponible a los continuadores jurídicos del vendedor.

La falta comprometió la fe pública

En su decisión, el Pleno de la SCJ consideró que no existía certeza de que el vendedor estuviera en territorio dominicano al momento de instrumentarse el contrato y concluyó que la firma cuestionada no fue estampada en presencia del notario.

El tribunal sostuvo que esa actuación comprometió la fe pública que ampara las funciones notariales y constituyó una falta de extrema gravedad que justificaba la destitución.

La sentencia recuerda que el notario es un oficial público investido de autoridad para certificar la autenticidad de las firmas y actuaciones, por lo que debe garantizar la legalidad, confiabilidad y certeza de los actos que instrumenta.

El proceso había tenido un primer fallo de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, que en noviembre de 2017 impuso al notario un año de suspensión.

Posteriormente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dispuso su destitución mediante una sentencia del 27 de marzo de 2019. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló esa decisión mediante la sentencia TC/0339/22, del 26 de octubre de 2022, al determinar que no se había respondido una solicitud de reapertura de los debates presentada por el disciplinado.

El expediente fue remitido nuevamente a la Suprema Corte, que conoció otra vez los recursos y dictó la decisión definitiva el 1 de octubre de 2026.

La sentencia ordena comunicar la decisión al Colegio Dominicano de Notarios, al procurador general de la República y a las partes interesadas, además de disponer su publicación en el Boletín Judicial.