La escogencia del magistrado Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fue presentada ante las Naciones Unidas como un ejemplo de fortalecimiento de la independencia judicial en la República Dominicana.
La valoración fue expuesta por el coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Manuel Conde, durante una sesión sobre recuperación de activos y cooperación internacional, celebrada en Viena, Austria, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
Conde calificó la designación de Montero Montero como un hecho histórico, al destacar que fue escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente Luis Abinader.
Resaltó que se trata del primer magistrado proveniente de la carrera judicial que ocupa la presidencia del máximo tribunal del país desde la implementación del actual sistema de selección, en 2001.
El representante dominicano incluyó esta designación entre seis buenas prácticas que presentó ante el organismo internacional en materia de recuperación de activos, al considerar que la independencia de los órganos responsables de investigar y juzgar los casos de corrupción constituye una condición fundamental para garantizar resultados efectivos en la recuperación del patrimonio público.
Asimismo, destacó la reforma constitucional de 2024, que estableció un nuevo mecanismo para la designación del procurador general de la República, a propuesta del presidente de la República ante el Consejo Nacional de la Magistratura, así como la escogencia de Yeni Berenice Reynoso, quien proviene de la carrera del Ministerio Público.
Recuperación de recursos públicos
Durante su intervención, Conde informó que las acciones emprendidas por el Estado dominicano, en calidad de querellante y actor civil, han permitido recuperar más de RD$165,000 millones del patrimonio público.
Entre las buenas prácticas expuestas mencionó la coordinación interinstitucional entre la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, para fortalecer la prevención, investigación y persecución de la corrupción administrativa.
En ese sentido, resaltó el trabajo de la DIGEIG, dirigida por Milagros Ortiz Bosch, que articula las labores de 191 comisiones y oficiales de integridad en distintas instituciones del Estado.
También presentó los acuerdos para la devolución de recursos bajo control judicial, la aplicación de la extinción de dominio y la administración especializada de bienes incautados, además de la actualización de los códigos Penal y Procesal Penal como instrumentos para fortalecer la respuesta del Estado frente a la corrupción.
No obstante, reconoció que el país todavía enfrenta desafíos para obtener sentencias definitivas, ejecutar las decisiones judiciales y recuperar activos que se encuentran en otras jurisdicciones.
Ante esa realidad, planteó la necesidad de fortalecer la asistencia judicial internacional y los mecanismos que permitan a otros países reconocer y ejecutar las decisiones dominicanas relacionadas con decomisos, indemnizaciones civiles a favor del Estado y extinción de dominio.
Delegación dominicana
La participación de la República Dominicana en el encuentro fue coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, por iniciativa de su titular, Milagros Ortiz Bosch.
La delegación fue acreditada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y estuvo encabezada por la embajadora Gilka Meléndez, junto a Manuel Conde y Mario José Gallego Cosme, primer secretario de la Misión Permanente de la República Dominicana en Viena.
Durante su exposición, Conde defendió la recuperación del patrimonio público como una política de Estado y sostuvo que los recursos sustraídos deben regresar a las arcas públicas para ponerse nuevamente al servicio de la ciudadanía.
