Manuel García
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, aplazó para el próximo 23 de noviembre el conocimiento de un recurso de apelación presentado por César Miguel Trinidad, condenado a 20 años de prisión por alegado abuso sexual, cuya defensa sostiene que el proceso se sustentó en una prueba documental falsificada y que la acción penal estaba prescrita.
La suspensión de la audiencia fue dispuesta por los jueces Darío Gómez, presidente, y los magistrados titulares Máximo Santiler y Julia Morfa, a fin de que el condenado sea trasladado al tribunal para conocer el fondo del recurso y la revisión de la medida de coerción.
Los abogados de la defensa, Manuel García y Andrés Abrincole García, manifestaron su confianza en que su representado será favorecido por la Corte, al considerar que fue condenado mediante un proceso en el que se habría utilizado un documento falsificado, además de que, según alegan, la acción penal se encontraba extinguida por el paso del tiempo.
De acuerdo con los juristas, el documento cuestionado habría sido remitido el 25 de julio de 2022 al entonces fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, y posteriormente suministrado al tribunal por la querellante, Berta Mabel Soto.
La defensa sostiene que ese documento, atribuido al Programa de Apoyo a la Investigación y Verificación de Denuncias de Abuso Sexual a Menores de Edad, fue utilizado en perjuicio de Trinidad y que su presentación habría tenido como propósito favorecer intereses relacionados con la apropiación de bienes del procesado y sus familiares.
El recurso fue interpuesto contra la sentencia penal número 54804-2026-SSEN-00161, dictada el 13 de mayo de 2026 por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, que impuso a Trinidad 20 años de prisión y el pago de una indemnización de un millón de pesos.
Los abogados argumentan que los hechos atribuidos a su defendido habrían ocurrido entre los años 2000 y 2002, mientras que la denuncia fue presentada en 2024 y el procesamiento judicial se produjo en 2026.
En ese sentido, sostienen que, para la época en que supuestamente ocurrieron los hechos, estaba vigente el Código de Procedimiento Criminal, que establecía un plazo de prescripción de 10 años para los crímenes, por lo que consideran que la acción penal había quedado extinguida mucho antes de que se iniciara el proceso.
La defensa afirma que han transcurrido aproximadamente 23 años desde el período en que se sitúan las acusaciones y cuestiona que su representado haya sido procesado y condenado sin que, a su entender, se tomara en cuenta ese aspecto jurídico.
En sus conclusiones ante la Corte, los abogados solicitan la anulación de la sentencia por considerar que vulnera disposiciones constitucionales y que fue dictada dentro de un proceso cuya acción penal ya estaba prescrita.
Asimismo, piden declarar la extinción de la acción penal a favor de César Miguel Trinidad, ordenar su inmediata puesta en libertad, disponer el cese de cualquier medida de coerción que pese en su contra y ordenar el archivo definitivo del expediente.
De manera subsidiaria, para el caso de que los jueces no acojan el planteamiento de prescripción, solicitan revocar o anular la sentencia condenatoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado.
La Corte conocerá nuevamente el caso el próximo 23 de noviembre, cuando está previsto que el condenado sea presentado ante los jueces para continuar con el conocimiento de su recurso de apelación.
