El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra 13 personas y cinco sociedades comerciales señaladas como integrantes de una estructura criminal dedicada a cometer estafas electrónicas y lavar activos, desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0.
De acuerdo con la acusación, la organización operaba desde República Dominicana, principalmente en la zona norte del país, y mantenía conexiones con distintas ciudades de Estados Unidos. La investigación establece que 141 personas fueron víctimas del esquema, con pérdidas estimadas en unos US$5 millones.
El expediente fue depositado ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Manuel Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera; la titular de la Fiscalía de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Los acusados son Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez, José Ramón López Tavárez (a) William el Técnico, Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
También fueron acusadas las sociedades Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (INVERDOSA), JLNG Terracell, S.R.L., Rodríguez Vásquez MK Comercial, S.R.L., INVERMEG, E.I.R.L. y Qemert Pro Technology, S.R.L.
Una estructura transnacional
El Ministerio Público sostiene que la organización utilizaba centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares para engañar a sus víctimas, especialmente personas de edad avanzada.
El director general de Persecución, Wilson Camacho, afirmó que el expediente contiene los elementos que, según el órgano acusador, permiten establecer las responsabilidades individuales de los imputados y la ruta seguida por el dinero obtenido mediante las estafas.
“Esta acusación se basta por sí misma: contiene los hechos, identifica las responsabilidades individuales, establece la ruta del dinero y presenta los elementos de prueba que permitirán al tribunal conocer cómo operaba esta estructura criminal y emitir una condena apropiada”, sostuvo Camacho.
Según la acusación, el esquema combinaba estafa electrónica, crimen organizado y lavado de activos, utilizando tecnología, empresas, cuentas bancarias, bienes y terceras personas para ocultar y movilizar los recursos obtenidos de las víctimas.
La investigación contó con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
Cuatro etapas del esquema
El expediente identifica cuatro fases en el funcionamiento de la estructura: captación de víctimas, fraude y suplantación, movilización del dinero y lavado de activos.
Una vez obtenido el dinero, los recursos eran enviados hacia República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros.
Posteriormente, según la acusación, los fondos eran introducidos al sistema económico mediante empresas, bienes inmuebles, vehículos y otras operaciones dirigidas a ocultar su origen.
El Ministerio Público atribuye a los acusados violaciones a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal, así como a diversas disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
A Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Miguel José Rodríguez Grullón y Juan Luis Naranjo Gómez también se les atribuyen violaciones a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En el caso de las cinco sociedades comerciales, la acusación incluye presuntas violaciones a disposiciones de la Ley 155-17, la Ley 11-92 sobre Régimen Tributario y la Ley 183-02 Monetaria y Financiera.
Investigación financiera
La investigación financiera, según el órgano acusador, permitió identificar movimientos económicos y operaciones por montos millonarios entre personas físicas y jurídicas vinculadas a la estructura.
El Ministerio Público señala que durante el período investigado, correspondiente a 2022-2023, se produjo un incremento patrimonial significativo entre algunos de los investigados.
Las pesquisas identificaron transacciones que oscilaron entre RD$12 millones y más de RD$120 millones, además de registros financieros superiores a RD$134.8 millones y acreditaciones bancarias que superaron los RD$20 millones en menos de un año.
Según la acusación, esos movimientos económicos no guardaban correspondencia con las actividades comerciales ni con las fuentes lícitas de ingresos declaradas por los acusados.
Líderes fueron extraditados a Estados Unidos
El Ministerio Público recordó que, como parte del proceso relacionado con la estructura, fueron extraditados a Estados Unidos sus principales líderes: Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez.
Los cuatro enfrentan actualmente un proceso judicial ante un tribunal de Boston, Massachusetts.
Con la Operación Discovery 3.0, el Ministerio Público indicó que busca continuar el desmantelamiento de estructuras que utilizan el territorio dominicano como plataforma para ejecutar estafas transnacionales y posteriormente introducir al sistema financiero los recursos obtenidos de manera ilícita.
