El conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra dos hombres acusados de cometer maltrato físico y psicológico y trabajo o servicio forzado contra niños, niñas y adolescentes en una fundación de San Cristóbal fue aplazado para el próximo jueves 10 de septiembre.
La audiencia, que se conoció ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal, fue suspendida por el juez José Carlos Arias, a solicitud de las partes, para permitir el desarrollo del anticipo de pruebas de los menores rescatados y que la defensa pueda presentar sus presupuestos.
La fiscal Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS), informó que el Ministerio Público solicitará tres meses de prisión preventiva contra los imputados.
“En el día de hoy la audiencia en contra de Ángel Capellán e Isaías Muñoz fue suspendida para el 10 de septiembre a los fines de conocer el anticipo de pruebas de los menores de edad que fueron rescatados en la fundación”, explicó la fiscal.
Garabitos Guerrero indicó que el proceso se encuentra en etapa de investigación y que la calificación jurídica incluye el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Rescatan a 13 menores
Los imputados Ángel Gabriel Capellán, alias el Pastor o Capellán, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez fueron sometidos a la justicia por hechos presuntamente cometidos contra menores que se encontraban en la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), localizada en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, durante una operación realizada la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, las autoridades efectuaron allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, donde fueron rescatados 13 niños, niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre los cuatro meses y los 13 años.
El Ministerio Público sostiene que los menores presentaban signos de maltrato físico y psicológico.
Según la investigación, el lugar funcionaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso dentro de una finca.Investigación comenzó tras fuga de un menor
Las autoridades indicaron que la operación se inició luego de que uno de los menores escapara del lugar y acudiera a un destacamento policial, donde alertó sobre las condiciones en que permanecían los niños, niñas y adolescentes.
A partir de esa denuncia, el Ministerio Público inició las investigaciones y posteriormente obtuvo las órdenes judiciales de arresto contra los imputados.
Los allanamientos fueron ejecutados por la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), con apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC).
En las labores de protección participaron además la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Víctimas tendrán representación legal
El Ministerio Público informó que los menores serán representados durante el proceso por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
La solicitud de coerción fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la PETT, junto a las fiscales Ramona Santana, titular de la Fiscalía de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero.
La representación del Ministerio Público durante la audiencia estuvo a cargo de Garabitos Guerrero, Rodolfo Reyes y Ana Mercedes Pichardo.
La próxima audiencia está pautada para el 10 de septiembre, cuando se continuará con el proceso judicial contra los dos imputados.
