Informe del PNUD destaca avances de la justicia dominicana y plantea cómo acercarla más a las personas

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en alianza con el Poder Judicial dominicano, presentó el informe “Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana”, actividad que tuvo lugar este martes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), encabezada por Ana María Díaz, representante residente de dicho Programa. 

  

El estudio resalta que la justicia dominicana ha innovado mejorando su capacidad de respuesta, reducido la mora, incorporado servicios digitales y fortalecido la transparencia y las políticas de inclusión, por lo que el próximo paso será continuar la expansión del acceso efectivo a la justicia para todas las personas. 

Esta es una de las principales conclusiones del análisis Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible, presentado por el PNUD como parte de su colaboración con el Poder Judicial.   

“Los datos muestran una justicia que avanza: hoy el sistema alcanza una capacidad resolutiva promedio de 94,9 %, con diferencias territoriales; se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y aproximadamente el 66 % de los trámites se procesa de manera electrónica. El desafío es seguir consolidando estos avances para que sus resultados se traduzcan, cada vez más, en un acceso efectivo y equitativo a la justicia en todos los territorios y para todas las personas”, señaló Ana María Díaz, representante residente del PNUD. 

Para alguien que necesita acudir a la justicia, importa recibir una decisión a tiempo, pero también saber dónde buscar ayuda, comprender lo que ocurre, poder dar seguimiento a su caso y ser tratado con dignidad. Por esta razón, el informe propone ampliar el análisis del progreso institucional con la experiencia de quienes utilizan los servicios para orientar la profundización del acceso a la justicia.  

El reporte, elaborado a partir de registros, indicadores, encuestas exploratorias, entrevistas y revisión documental, identifica ocho hallazgos sobre el presente y el futuro de la justicia dominicana. 

El primero señala que una mayor eficiencia, como se ha evidenciado, es indispensable, aunque para su mayor impacto debe ir acompañada de menos obstáculos para acceder a los servicios. La segunda muestra que los ingresos, el lugar de residencia, el nivel educativo, el género y las habilidades digitales todavía pueden influir en las posibilidades de iniciar y sostener un proceso. 

El tercer hallazgo advierte que las necesidades de justicia cambian entre los territorios y que una menor cantidad de expedientes no siempre significa que existan menos conflictos. El cuarto reconoce los beneficios de la digitalización para reducir traslados, ahorrar tiempo y facilitar el seguimiento de los casos, al tiempo que recomienda mantener orientación y alternativas presenciales para quienes las necesiten. 

El quinto plantea que la atención a mujeres víctimas de violencia, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad debe traducirse en protección y acompañamiento efectivos. El sexto destaca que la confianza también se construye mediante la escucha, las explicaciones claras y el trato respetuoso. 

El séptimo vincula la seguridad jurídica con aspectos cotidianos como el empleo, los ingresos, la vivienda, el patrimonio y los negocios. Una decisión tardía puede afectar directamente la estabilidad y los proyectos de vida de una persona o una familia. Finalmente, el octavo hallazgo propone preparar al sistema para nuevos desafíos, incluidos los conflictos ambientales y los riesgos relacionados con el cambio climático. 

A partir de estos hallazgos, el informe traza una ruta de 11 recomendaciones que dialogan con el Plan Decenal Justicia del Futuro 2034 para continuar acercando la justicia a la ciudadanía. Entre ellas se encuentran llevar los servicios a los territorios donde más se necesitan, ofrecer información en un lenguaje sencillo, fortalecer la mediación y la conciliación, combinar las herramientas digitales con apoyo presencial y mejorar la coordinación entre las instituciones.  

También recomienda ampliar la atención a las personas que requieren protección especial y conectar la reducción de la mora con la eliminación de costos, traslados y otras dificultades que pueden impedir que alguien acceda a la justicia o continúe su proceso. 

El informe forma parte de la colaboración sostenida entre el PNUD y el Poder Judicial. Durante los últimos años, esta alianza ha acompañado la transformación digital, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, las políticas de igualdad e inclusión y la construcción del Plan Justicia del Futuro 2034. 

El estudio confirma que la justicia dominicana cuenta hoy con mejores herramientas y una mayor capacidad de respuesta. También plantea elementos claves para la siguiente etapa establecida en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034: conseguir que cada avance institucional pueda sentirse con mayor claridad en la vida de las personas, en la protección de sus derechos y en la confianza de recibir una justicia cercana, oportuna y humana.