El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó este viernes que el Ministerio Público está preparado para demostrar en juicio la responsabilidad penal de Antonio y Maribel Espaillat por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que provocó la muerte de 236 personas y heridas a más de 180, la noche del 8 de abril de 2025.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público manifestó que el órgano acusador respeta la decisión del juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, de variar la calificación jurídica del caso de homicidio involuntario a dolo eventual, como habían solicitado varias partes querellantes, actores civiles y acusadores particulares.
“Respetamos la decisión que ha tomado el tribunal en ese sentido, y ahora iremos al juicio a probar los hechos que nosotros hemos colocado en la acusación, con la prueba, con la cantidad abundante de pruebas que ha aportado el Ministerio Público y con esta nueva calificación jurídica”, expresó Camacho al ser abordado por periodistas.
El representante del Ministerio Público agradeció, además, el reconocimiento que hizo el magistrado González a la calidad de la acusación presentada contra los hermanos Espaillat.
“En primer lugar, nosotros agradecemos enormemente al tribunal el reconocimiento que hizo a la acusación del Ministerio Público, la cual calificó, incluso, como una acusación casi perfecta. Y digo yo que no perfecta, porque nada humano es perfecto”, sostuvo.
Camacho consideró que esa valoración constituye un reconocimiento al trabajo realizado por los investigadores y a la calidad de las pruebas reunidas durante el proceso.
El caso irá a juicio de fondo
El procurador adjunto explicó que, tras la decisión del tribunal, el expediente deberá ser remitido a la Coordinación de los Juzgados de Primera Instancia de los Tribunales Colegiados del Distrito Nacional, donde se realizará un sorteo para determinar qué tribunal conocerá el juicio de fondo.
Una vez apoderado, el tribunal deberá convocar a las partes para iniciar la presentación de las pruebas.
“Nosotros estamos listos, estamos más que listos, porque estamos completa y absolutamente confiados en el trabajo que ha realizado el Ministerio Público, y esperamos simple y llanamente que nos convoquen, para una vez más probar los hechos que ha acusado el Ministerio Público”, enfatizó.
Sobrecarga en el techo
Durante la investigación, el Ministerio Público ha sostenido que el colapso de la estructura de la discoteca Jet Set se produjo por la sobrecarga de peso colocada en el techo, sin que se calculara adecuadamente la capacidad de soporte de la edificación.
Según los peritajes presentados por los acusadores, los especialistas concluyeron que la acumulación de peso provocó fatiga en las vigas, que fueron cediendo hasta ocasionar el desplome de la estructura.
El expediente señala que sobre el techo fueron instalados equipos de climatización de gran volumen, tinacos de agua y casetas, además de otros elementos que incrementaron la carga soportada por la edificación.
Camacho también ha señalado que los propietarios colocaron varias capas de fino sobre el techo, hasta alcanzar cuatro, cuyo peso se sumó al de los tinacos, las casetas, los acondicionadores de aire y los equipos de sonido e iluminación suspendidos de la estructura.
A juicio del Ministerio Público, estas actuaciones constituyeron una conducta negligente e irresponsable por parte de los procesados, al no adoptar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad de la edificación.
Una acusación de 156 páginas
La acusación presentada por el Ministerio Público consta de 156 páginas e incluye 84 testigos, así como peritajes de ingeniería sismorresistente y patológica, entre otros elementos probatorios destinados a sustentar la teoría del caso.
Con esas evidencias, el órgano acusador procurará demostrar ante el tribunal las circunstancias que provocaron el colapso y la responsabilidad penal que atribuye a los hermanos Espaillat.
La decisión sobre la calificación jurídica y el desarrollo del juicio de fondo marcarán la siguiente etapa del proceso judicial por una de las tragedias más graves registradas en el país en los últimos años.
