La estrategia del Gobierno dominicano en la lucha contra la corrupción y la restitución de bienes sustraídos del erario se ha consolidado como un referente internacional, al punto que diversas naciones acuden al país en busca de asesoría técnica para replicar su modelo de recuperación de activos.
Así lo destacó el coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Fernando P. Henríquez, durante su participación en el Foro de Contrataciones Públicas.
El funcionario explicó que la decisión de elevar la recuperación de bienes a la categoría de política pública ha impactado de manera directa el principal incentivo de los delitos administrativos.
"Cuando se instaura como política pública tú tocas el aspecto más sensible y el que más motiva los actos de corrupción. Ya corres el riesgo de no solamente perder aquello por lo que hiciste el acto de corrupción, sino que vienen también esas sanciones civiles e indemnizaciones que pueden poner en riesgo tu patrimonio anterior a ese acto", enfatizó Henríquez.
Protagonismo en escenarios internacionales
Durante el panel titulado “Rol de los organismos de control en la prevención de la corrupción” —donde también participaron el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, y el director financiero de la Unidad Antifraude de la Contraloría—, el titular del ERPP resaltó el cambio de rol del país en los espacios multilaterales.
Henríquez relató que, en foros internacionales, en los cuales ha representado a la República Dominicana junto a Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), delegaciones de otros países solicitan orientación técnica sobre los mecanismos locales. "Antes tenían que venir a asesorarnos a nosotros, y hoy por hoy en esos foros internacionales hacen fila para que nosotros les demos asesoría y les enseñemos lo que estamos haciendo", afirmó.
El reto del Poder Judicial y las sanciones civiles
El coordinador del ERPP insistió en que la restitución de bienes debe complementarse con las sentencias del Poder Judicial para erradicar la impunidad. Señaló que la combinación de penas privativas de libertad con embargos y reparaciones civiles es esencial para garantizar que no exista recompensa económica para los actos ilícitos.
Finalmente, subrayó que uno de los mayores desafíos en el sistema de justicia es lograr que los delitos de corrupción sean tratados con la gravedad que ameritan y fortalecer la cultura de independencia judicial frente a presiones e intereses externos.
