La fiscal del Distrito Nacional y aspirante a jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Rosalba Ramos, defendió las innovaciones del nuevo Código Penal dominicano, al considerar que permitirá enfrentar delitos que anteriormente no contaban con una respuesta penal adecuada, y sostuvo que la inteligencia artificial debe utilizarse como herramienta de apoyo, sin sustituir el razonamiento de los jueces.
Durante su evaluación ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Ramos abordó los avances de la nueva legislación penal, la responsabilidad penal de las empresas, los mecanismos de conciliación en el proceso penal y los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías al sistema de justicia.
Al responder una pregunta del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sobre las novedades del Código Penal, la fiscal destacó que la legislación incorpora 70 nuevos delitos y representa un cambio de paradigma frente al código anterior, que tenía 141 años de vigencia.
Explicó que la normativa anterior presentaba limitaciones para perseguir determinadas conductas delictivas y contemplaba sanciones que, en algunos casos, consideraba insuficientes frente a la gravedad de los hechos.
En ese sentido, señaló que el cúmulo de penas permitirá adecuar las sanciones a la dimensión de los delitos cometidos, al tiempo que citó los casos de agresiones con ácido del diablo y las estafas piramidales como ejemplos de situaciones que, a su juicio, evidencian la necesidad de respuestas penales más proporcionales.
Ramos mencionó el caso de Yokaira Amarante, una joven que fue víctima de un ataque con ácido del diablo por parte de su pareja, y sostuvo que la gravedad de hechos de esa naturaleza debe reflejarse en las sanciones impuestas.
La aspirante a jueza de la SCJ afirmó que ha sido defensora de la reforma penal y consideró que el Ministerio Público tendrá una responsabilidad fundamental en su implementación, mediante la presentación de los casos que posteriormente serán decididos por los tribunales y contribuirán al desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia.
Inteligencia artificial como herramienta de apoyo
Al responder una pregunta del presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón Estévez, sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia, Ramos sostuvo que esta tecnología puede contribuir a mejorar los servicios judiciales, siempre que se mantenga el criterio humano en las decisiones jurisdiccionales.
Explicó que la inteligencia artificial puede utilizarse para buscar información, detectar patrones, elaborar estadísticas y apoyar los procesos de transformación digital de las instituciones.
Sin embargo, advirtió que no debe sustituir al juez en el razonamiento jurídico, la ponderación de derechos ni la motivación de las sentencias.
Argumentó que estas funciones requieren valorar la dignidad humana, analizar los derechos en conflicto y explicar las razones que sustentan cada decisión, tareas que, según expresó, deben permanecer bajo responsabilidad de una persona.
La fiscal también hizo referencia a las iniciativas tecnológicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, como parte de los esfuerzos institucionales para modernizar los servicios y mejorar la atención a los usuarios.
Responsabilidad penal de las empresas
En respuesta al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien le pidió profundizar sobre el artículo 8 del nuevo Código Penal, relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Ramos explicó que esta disposición representa una transformación en la forma de perseguir determinadas conductas delictivas vinculadas con las sociedades comerciales.
Indicó que el nuevo régimen contempla la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las empresas bajo determinadas condiciones, cuando se establezca que existen deficiencias en su organización y que la conducta delictiva se produjo en beneficio de la entidad o de sus directivos, conforme a los requisitos legales aplicables.
En ese contexto, señaló la importancia de que las empresas se preparen mediante programas de cumplimiento, mapas de riesgos, canales de denuncia y mecanismos disciplinarios que permitan prevenir y detectar irregularidades.
No obstante, aclaró que la comisión de un delito por parte de un empleado no implica automáticamente que la empresa sea penalmente responsable, pues debe determinarse si concurren los presupuestos legales que permitan atribuirle esa responsabilidad.
Ramos sostuvo que la incorporación de esta figura proporciona al Estado una herramienta adicional para perseguir delitos en los que las sociedades comerciales puedan obtener beneficios ilícitos.
Conciliación y protección de las víctimas
Durante la evaluación, la magistrada de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo Fernández le preguntó sobre los criterios que debe tomar en cuenta el Ministerio Público para promover acuerdos de conciliación cuando la ley lo permita.
Ramos consideró que la conciliación no debe interpretarse automáticamente como impunidad, debido a que los acuerdos pueden contribuir a resolver conflictos de manera más rápida y reducir el tiempo y los costos del sistema judicial.
Explicó que, entre los factores que deben ponderarse, figuran la gravedad del hecho, la posición de la víctima y su conformidad con el acuerdo, así como las circunstancias particulares de cada caso.
Puso como ejemplo los robos simples, en los que la conciliación puede resultar viable, frente a hechos acompañados de violencia grave, mutilaciones o circunstancias que involucren a menores de edad, que requieren un análisis más riguroso.
La fiscal hizo especial énfasis en los casos de violencia de género, al advertir que las víctimas pueden encontrarse en condiciones de desigualdad frente a sus agresores y solicitar la conciliación por temor, dependencia emocional u otras circunstancias relacionadas con el ciclo de la violencia.
“Prefiero perder un caso. Prefiero no hacer ningún tipo de acuerdo que sea el tribunal el que decida”, expresó Ramos al explicar su postura sobre estos procesos.
Agregó que el abordaje de la violencia de género debe incluir medidas de protección y apoyo psicológico para las víctimas, así como intervenciones dirigidas a los agresores, entre ellas su participación en programas de atención conductual para hombres, cuando corresponda.
Con su exposición y las respuestas ofrecidas a los consejeros, Ramos presentó su experiencia en el ejercicio del Ministerio Público y sus criterios sobre los principales desafíos del sistema penal, en el marco del proceso de evaluación de los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia
