El diplomático y juez Ramón Horacio González Pérez sostuvo que la decisión del Gobierno dominicano de declarar personas non gratas a nueve diplomáticos cubanos y sus familiares se encuentra plenamente fundamentada en el Derecho Diplomático Internacional, respaldando así la actuación del Canciller Roberto Álvarez.
De acuerdo con el magistrado, la medida adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) se ampara de forma directa en el Artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961. Dicha normativa establece de manera explícita que el Estado receptor puede comunicar la expulsión de personal diplomático «en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión».
Plazo otorgado y obligaciones internacionales
González Pérez destacó la prudencia del Poder Ejecutivo dominicano respecto al plazo concedido a los funcionarios cubanos y sus familiares para abandonar el territorio nacional:El experto señaló que el tiempo otorgado es «muy razonable y prudente», superando el estándar usual en este tipo de conflictos diplomáticos, donde comúnmente se fijan plazos de solo 24 a 72 horas.
Recordó que el Estado dominicano tiene la obligación legal de facilitar las facilidades necesarias para la salida segura de los diplomáticos declarados no aceptables y sus dependientes.
Desmiente presiones externas
Respecto a las posturas del Gobierno cubano, el magistrado enfatizó que a la representación de La Habana «lo único que le corresponde es acatar la decisión» soberana de la República Dominicana.
Asimismo, catalogó de «meramente especulativas y carentes de asidero jurídico» las afirmaciones que sugieren que la medida obedece a presiones de los Estados Unidos, subrayando que el ejercicio del Derecho Internacional y las relaciones entre Estados no se fundamentan en divagaciones, sino en las normas legales vigentes.
