La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ratificó la prisión preventiva por 18 meses contra Héctor Antonio Lora Cruceta, señalado por el Ministerio Público como principal imputado de la denominada Operación Onco14.
La decisión fue adoptada durante la revisión obligatoria de la medida de coerción, luego de que el tribunal acogiera la solicitud del Ministerio Público y determinara que no han variado los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión preventiva.
Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), es acusado de encabezar una estructura que habría utilizado distintos mecanismos fraudulentos para sustraer recursos del patronato y afectar al centro oncológico, pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El imputado cumple la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago. Su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, también cumple 18 meses de prisión preventiva en el CCR Rafey Mujeres.
En el caso de Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, la Corte de Apelación de Santiago ratificó recientemente la medida de coerción. La revisión obligatoria quedó fijada para el próximo 2 de diciembre, debido a que el conteo del plazo se reinició a partir del 2 de septiembre, fecha en que la Corte conoció el recurso.
Mientras tanto, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, permanece bajo arresto domiciliario luego de renunciar a la revisión de su medida de coerción.
Vargas Sánchez se divorció de Lora Cruceta en 2014 y, durante el período en que este presidía el patronato, ocupó la vicepresidencia y desempeñó funciones como auditora interna y externa de la entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Detallan mecanismos presuntamente fraudulentos
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los imputados, junto con las razones sociales Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían utilizado diversos mecanismos para distraer fondos.
Entre las acciones investigadas figuran presunto fraude clínico y farmacéutico, cambios en indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
La investigación también contempla alegadas irregularidades relacionadas con la venta de medicamentos donados, el contrabando mediante exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, uso de habitaciones del centro oncológico para cirugías estéticas y reembolsos fraudulentos de gastos de viajes y hoteles.
Asimismo, el Ministerio Público investiga alegados actos de sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según el órgano persecutor, los imputados habrían sobornado a distribuidoras de medicamentos y utilizado la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida para distraer fondos y facturar al SeNaSa servicios y medicamentos que, según la acusación, no habrían sido suministrados a pacientes.
La investigación también señala una presunta autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que, de acuerdo con el Ministerio Público, no corresponderían al personal de este tipo de entidades.
El caso fue declarado de tramitación compleja y continúa bajo investigación.
Operación Cobra 2.0-A
En otro proceso relacionado con investigaciones sobre presunta sustracción de fondos públicos a través del SeNaSa, el Ministerio Público informó que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva, arresto domiciliario y garantías económicas a 24 de los arrestados durante la Operación Cobra 2.0-A.
Entre los imputados a quienes se les impuso prisión preventiva figuran Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplir la medida en el CCR Las Parras.
También fueron enviados a prisión preventiva, por 18 meses, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes cumplirán la medida en el CCR Najayo Mujeres.
La revisión obligatoria de estas medidas fue fijada para el 22 de diciembre de 2026.
Otros imputados recibieron arresto domiciliario, garantías económicas, impedimento de salida del país y presentación periódica, según las condiciones establecidas por el tribunal.
Investigación contra exdirector del SeNaSa
El Ministerio Público recordó además que la judicialización de una de las líneas de investigación de la Operación Cobra comenzó el año pasado con el arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, junto a otros imputados.
Entre los procesados también figuran Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El Ministerio Público sostiene que busca obtener sanciones penales y el decomiso de los recursos que, según su investigación, habrían sido sustraídos al Estado dominicano.
A los imputados se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
