Ante la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Penal el próximo 6 de agosto, el reconocido jurista Francisco Álvarez Martínez advirtió que la sociedad dominicana, incluyendo al sector empresarial y a los medios de comunicación, se enfrentará a un proceso de adaptación "relativamente traumático" debido a los cambios sustanciales que introduce la pieza.
Durante una entrevista en el programa de la periodista Julissa Céspedes, Álvarez Martínez subrayó que, a pesar de que el código ha estado bajo discusión pública por largo tiempo, la falta de una campaña masiva de divulgación ha generado una confusión generalizada.
Según el jurista, el país pasará de un día a otro a una realidad jurídica donde conductas antes permitidas podrían ser sancionadas penalmente.
"Esto no debería ser un 'palo acechado'. El Estado tiene que entender que el dominicano de a pie no anda leyendo ese tipo de cosas", afirmó el abogado, quien lamentó que no se otorgara un plazo de al menos dos años para que los diversos sectores se adecuaran a las nuevas normativas.
Impacto en empresas y medios de comunicación
Uno de los puntos críticos señalados por Álvarez Martínez es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El jurista explicó que esta disposición obliga tanto a pequeñas empresas (Pymes) como a grandes corporaciones a implementar "manuales de cumplimiento penal" rigurosos para evitar que la responsabilidad de posibles ilícitos recaiga directamente sobre los individuos al mando.
En cuanto al ejercicio periodístico y la comunicación en redes sociales, el abogado destacó que, si bien la libertad de expresión es fundamental, no constituye un "cheque en blanco" para difamar o injuriar.
Advirtió sobre la proliferación de cuentas anónimas y "pseudoperiodistas" en redes sociales que lucran mediante la extorsión, una práctica que el nuevo código busca combatir.
Dijo que los medios de comunicación establecidos que el nuevo escenario jurídico exigirá procesos de verificación y depuración de fuentes mucho más estrictos para minimizar el riesgo de ser sujetos a procesos penales por errores en la publicación de información.
El rol de los tribunales
Álvarez Martínez fue enfático al señalar que, al tratarse de tipos penales nuevos o modificados, el país carece de una jurisprudencia previa que guíe la aplicación inmediata de la ley.
"Los tribunales van a tener que comenzar a crear la jurisprudencia desde cero", explicó, previendo que el sistema judicial verá un aumento significativo de casos en los próximos años hasta que la Suprema Corte de Justicia fije criterios uniformes.
El jurista reconoció que, aunque el nuevo Código Penal introduce herramientas muy positivas para desarticular esquemas de estafas piramidales y difamación extorsiva, el mayor desafío será la capacidad técnica y operativa de los organismos de investigación para identificar y procesar a los infractores en entornos digitales, una área en la que, según su criterio, el país aún se encuentra tecnológicamente rezagado.
