La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles que, en lo que va de año, ha dispuesto la suspensión de oficio de 81 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a funcionarios electos y designados. La medida responde a la entrada en vigor, en enero pasado, de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, la cual establece un régimen estricto de inhabilidades.
El órgano rector aclaró que estas acciones no constituyen una sanción punitiva ni administrativa, sino una medida preventiva diseñada para garantizar la integridad del RPE y asegurar el cumplimiento de la nueva legislación mientras los servidores públicos se encuentren en el ejercicio de sus funciones.
La DGCP explicó que las recientes suspensiones —que incluyeron la inhabilitación de oficio de 11 senadores el pasado 30 de junio— obedecen a las nuevas exigencias del artículo 38 de la Ley 47-25.
A diferencia de la derogada Ley 340-06, que permitía a funcionarios de primer y segundo nivel (como los legisladores) mantener hasta un 10% de participación accionaria en empresas proveedoras, el marco legal actual prohíbe de forma absoluta cualquier porcentaje de participación societaria en empresas que contraten con el Estado, desempeñar funciones de dirección, gerencia o integración en consejos de administración de dichas sociedades.
Proceso de depuración y antecedentes
Previo a las suspensiones masivas de oficio, la institución emitió el pasado 13 de febrero la circular DGCP44-PNP-2026-001, otorgando un plazo de 15 días hábiles para que los funcionarios inhabilitados solicitaran voluntariamente la suspensión de su RPE. Vencido dicho plazo, la DGCP procedió con los cruces de datos y labores de verificación rutinarias estipuladas en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación núm. 52-26.
En lo que va de 2026, la entidad ha emitido tres actos administrativos para inhabilitar a los 81 proveedores DGCP44-2026-000893,DGCP44-2026-001477, DGCP44-2026-002424.
Todos estos documentos se encuentran publicados y accesibles para consulta pública en su portal institucional.
Asimismo, la institución recordó que entre 2020 y 2025 ya había suspendido el RPE de 591 funcionarios de primer y segundo nivel, autoridades municipales del periodo 2024-2028 y sus sociedades comerciales asociadas, amparándose en las disposiciones de la antigua normativa.
