San Pedro de Macorís, RD
En un fallo que devuelve la tranquilidad a decenas de familias, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís acogió formalmente una acción en referimiento que ordena la reincorporación inmediata de los propietarios afectados por los desalojos ocurridos la semana pasada en el exclusivo complejo Metro Country Club.
La ordenanza judicial no solo dispone el regreso de los residentes a sus viviendas, sino que también emite una advertencia directa al Ministerio Público para que se abstenga de tramitar, autorizar o ejecutar cualquier nueva medida de fuerza o solicitud de desalojo sobre los inmuebles en disputa mientras el caso se ventile en los tribunales.
De acuerdo con el expediente, los desalojos ejecutados el pasado miércoles habían sido requeridos por el señor Suheil Atalah, a pesar de que existe un conflicto conocido de duplicidad registral sobre los terrenos en cuestión. Con esta resolución, el tribunal respalda la medida cautelar emitida el viernes 29 de mayo y pone un freno definitivo a dichas acciones al confirmar su ilegalidad.
“Esta decisión devuelve la tranquilidad y la seguridad jurídica a varias familias que vieron vulnerados sus derechos. Nadie debe ser privado de su hogar sin haber tenido la oportunidad de ser escuchado debidamente en justicia”, afirmó Yurosky Mazara, abogado de Metro Country Club, quien lideró la defensa junto al equipo legal de los propietarios.
Durante la audiencia, que contó con la presencia de más de una decena de afectados, la defensa técnica demostró con éxito que los residentes son los titulares legítimos de las viviendas, con derechos registrados y completamente vigentes. Asimismo, se cuestionó severamente la falta de notificación previa y la ausencia de participación de los titulares en el proceso de desalojo.
Respaldo institucional y de la comunidad
Por su parte, la administración de Metro Country Club aclaró de manera institucional que las propiedades de estos terceros adquirentes nunca fueron hipotecadas por la empresa ni formaron parte de las garantías financieras que originaron la controversia con la parte reclamante.
Entre las personas beneficiadas con el dictamen se encuentra Mary Bernechea, propietaria en el complejo desde hace más de 27 años, quien sostuvo desde el primer momento que no mantiene deudas ni obligaciones pendientes relacionadas con su inmueble y que jamás fue escuchada antes de que se vulneraran sus derechos.
La comunidad de residentes valoró la resolución como una victoria contundente para la seguridad jurídica del residencial y agradeció tanto la solidaridad recibida como el firme respaldo legal brindado por la administración del complejo desde el inicio del conflicto.
