En tal sentido pidió declarar culpables y ordenar una indemnización de más de 20 mil millones de pesos por los daños causados por los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP)
JusticiaAyer
El Estado dominicano expresó al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que los actos de corrupción imputados altos mandos militares y civiles dejaron a niños sin alimentos, atención y protección y al mismo tiempo, provocaron un daño moral inmenso al Estado y una contaminación moral de la autoridad presidencial.
En tal sentido pidió declarar culpables y ordenar una indemnización de más de 20 mil millones de pesos por los daños causados por los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CEISTUR), Boanerges Reyes Batista y Julio De los Santos Viola, los acusados coronel Rafael Núñez de Aza, y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
De igual manera a Raúl Girón Jiménez, Rossy Guzmán (la Pastora), Kelman Santana, Pedro Castillo, Yehudy Guzmán, Tanner Flete, Erasmo Pérez, José Rosario, Jehohanan Rodríguez, Guillermo Torres, Esmeralda Ortega, Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón y Lucía De los Santos Viola.
Así como a Manuel Alba, Elida Trinidad, Enmanuel Alba, Raymel del Rosario, Onoris Soto, Eric Pereyra, Carlos Lantigua y Miguel Ventura.
“El CUSEP es una extensión física y simbólica del presidente de la República. Cuando sus recursos son desviados para fines privados, se produce una contaminación moral de la autoridad presidencial, pues el público asocia el desfalco con la figura misma de la Presidencia. La corrupción en el CUSEP, por tanto, no solo afectó una unidad militar, sino la majestad moral de la Presidencia de la República Dominicana”, enfatizó José Ortiz miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) durante la presentación de las conclusiones en el caso en representación del Estado junto a Rafael Rivas, coordinar de equipo, y Alberto Caamaño, miembro.
Añadió que esas actuaciones también provocaron un descrédito internacional que lesionó la imagen de seguridad y confiabilidad del Estado dominicano frente a dignatarios de otras naciones. En virtud de que el CUSEP también protege a visitas oficiales.
En tanto, Alberto Caamaño explicó que el daño moral derivado del fraude en el CESTUR no se limita al descrédito de una institución militar, sino que representa una herida ética al Estado manifestándose en la pérdida de confianza ciudadana, el descrédito internacional, la traición al juramento militar, y la desnaturalización de una entidad creada para proteger, no depredar.
Los abogados del Estado dominicano expusieron que los informes de la Cámara de Cuentas y el incremento patrimonial injustificado demuestran de manera irrefutable los daños materiales irrigados por los imputados por montos que superan los 4,500 millones de pesos.
Explicaron que el fraude en el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani) fue una de las expresiones más crueles del entramado de corrupción militar-religiosa, porque tocó el corazón mismo del deber de protección estatal puesto que se negó se les negó comida, techo y atención a los niños y adolescentes, se les enseñó que la corrupción manda más que la justicia y se debilitó el sistema que debía protegerlos.
“Los fondos desviados por el entramado de corrupción eran fondos destinados a hogares de paso, donde se albergan niños víctimas de abuso, abandono o violencia. Fondos destinados a programas de alimentación y asistencia psicológica, fondos destinados a capacitaciones y programas de reintegración social y adopción, expresó Ortiz.
Describió que todo hecho provocó carencia traducidas en menos alimentos, menos medicamentos, reducción de cupo en hogares de paso y cierre temporal de algunos centros, falta de atención médica y psicológica adecuada a los menores abusados o huérfanos, empleados sin pagos o con recursos insuficientes.
“Cada peso robado significó un niño con hambre, un adolescente sin refugio, una víctima sin acompañamiento legal o psicológico”, enfatizó respecto al daño a la entidad de protección infantil.
Esta herramienta tecnológica revoluciona el registro de los imputados y garantiza, de manera inequívoca, el cumplimiento de las disposiciones judiciales, especialmente en los casos de medidas de coerción que obligan a los procesados a presentarse periódicamente ante las autoridades.
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Los ciudadanos dominicanos Luis Manuel Febles Peralta y Christian Antonio Reynoso Pérez fueron entregados a los Estados Unidos de América, y el nacional polaco Szymon Tomkiel hacia la República de Polonia.
La configuración actual del Consejo Nacional de la Magistratura es el primer escollo. Observamos una incidencia del Poder Ejecutivo tan determinante que se percibe como la "superioridad hecha persona"; un espacio donde la contradicción brilla por su ausencia.
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En muchas discusiones públicas, el énfasis se coloca en el relato: quién dijo qué, quién llamó a quién, o en qué momento ocurrió tal o cual hecho. Sin embargo, el verdadero fondo del problema suele estar en algo mucho más simple y difícil de refutar: la aritmética.
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En sus intervenciones en los actos inaugurales de locales del PLD en los municipios de la provincia Barahona, Pujols resaltó que el PLD ha sido el partido de mayor crecimiento en el último año y el más activo en el ejercicio de la oposición.