Procuraduría de Medio Ambiente realiza operativo contra delitos ambientales en Nigua y Sainaguá

La Procuraduría Especializada para la Defensa del de Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) realizó, con el acompañamiento de la Mesa Interinstitucional de Persecución y Prevención de los Delitos Ambientales, un amplio operativo en Nigua y Sainaguá, en San Cristóbal, en donde recientemente falleció un operador de una retroexcavadora en circunstancias vinculadas a la extracción ilegal de agregados.

El operativo fue dirigido por el procurador de corte, Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, quien estuvo acompañado por los fiscales Ruddy Pérez, Rigoberto Santana y Miledys Domínguez.

Durante la intervención, las autoridades detuvieron y ratificaron la paralización de las operaciones de la grancera Wilson Tejada, donde se realizaban actividades extractivas sin la debida autorización. Asimismo, fueron ocupados varios equipos pesados, como parte de las acciones previstas y sancionadas en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el operativo, junto a los miembros del Ministerio Público, participaron el general Ángel Camacho Ubiera, director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa); Davis Aracena, en representación del Viceministerio de Suelos y Aguas, y  Víctor Manzanillo, consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente (Marela).

También estuvieron presentes Luis Carvajal, de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y Nelson Pimentel, de la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana, junto a un amplio equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente.

“Estas acciones buscan no solo detener la operación ilegal, sino también desmantelar el entramado económico y patrimonial que respalda y financia estas prácticas ilícitas”, precisó Contreras.

La Proedemaren articula esfuerzos con la Mesa Interinstitucional para combatir la extracción ilegal de agregados, una práctica que genera graves daños a los ecosistemas y pone en riesgo la vida de trabajadores y comunidades.

Las instituciones participantes realizaron un llamado directo a las comunidades de Nigua, Sainaguá y zonas aledañas, a denunciar cualquier actividad sospechosa o ilegal vinculada a la extracción de agregados, resaltando la participación ciudadana fundamental para la protección ambiental y para aplicar el régimen de consecuencias.