En una operación de inteligencia que duró meses, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público desarticularon una estructura criminal dedicada al tráfico de narcóticos desde la región sur hacia el Gran Santo Domingo. Durante el operativo, se incautaron 209.56 libras de marihuana, vehículos, un arma de fuego y diversas evidencias.
La red fue interceptada mediante una combinación de controles carreteros y allanamientos simultáneos, lo que permitió la captura de siete hombres vinculados a la organización.
El hallazgo: Marihuana oculta entre cocos y guineos
El operativo inició en el puesto militar de Santa Elena, en la carretera Barahona-Paraíso. Tras recibir alertas de inteligencia, los agentes interceptaron una camioneta que simulaba transportar productos agrícolas.
El escondite: Al realizar la inspección bajo la supervisión del fiscal, se hallaron en la parte trasera del vehículo 40 pacas de marihuana.
El método: El cargamento estaba estratégicamente camuflado debajo de una carga de cocos, guineos y otras frutas, táctica utilizada por la red para intentar evadir los controles militares en la zona fronteriza y el corredor sur.
Allanamientos simultáneos y evidencias
Tras la captura inicial, las autoridades procedieron a ejecutar cinco allanamientos en las provincias de Pedernales y en el municipio de Santo Domingo Este, identificados como centros de acopio y logística de la red.
Lo incautado incluye, una pistola con su cargador y varias cápsulas, 4 vehículos de motor, 5 motocicletas y 2 four wheels., balanzas y pesos utilizados para el fraccionamiento de la droga, papeles y otras evidencias que comprometen a los implicados con el tráfico transnacional.
Persecución del delito
Según las investigaciones, la red movilizaba importantes alijos desde el sur del país aprovechando rutas comerciales. Los organismos oficiales informaron que el proceso investigativo continúa abierto para determinar si existen ramificaciones adicionales dentro de la estructura.
Los siete detenidos han sido puestos a disposición del Ministerio Público para ser procesados bajo la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas. Las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener una vigilancia permanente en los puestos de control regionales para frenar el flujo de estupefacientes hacia la capital.
