El estadounidense Daniel R. Alonzo y los dominicanos Ángel Brito Pujols y Ramón Núñez participaron en un panel moderado por el procurador adjunto Wilson Camacho en el congreso “Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región”
JusticiaAyer
Los profesionales del Derecho dominicanos Ángel Brito, Ramón Núñez, de República Dominicana, y Daniel R. Alonzo, de Estados Unidos, valoraron la importancia de los acuerdos judiciales en los procesos penales, al participar en un panel de expertos moderado por el procurador adjunto Wilson Camacho durante el desarrollo del primer congreso “Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región” realizado por el Ministerio Público.
Ángel Brito Pujols, director de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), resaltó la importancia de los acuerdos entre las partes como un mecanismo de agilización de los procesos judiciales, tanto en los casos simples como complejos.
Brito Pujols destacó “que en un país con una alta cultura de litigiosidad y de alto deseo de estudiar derecho, porque ya tenemos más de 80,000 abogados en solo 48,000 kilómetros cuadrados, se puede dar cuenta de que nos embarca una cultura de litigiosidad importante y que ha impregnado en el tiempo de todo el quehacer judicial”.
“Eso ha implicado que, al momento de poder procesar un caso complejo, como el caso de la corrupción y el crimen organizado, se genera, sobre todo aquí en el Distrito Nacional, que es la jurisdicción que generalmente resulta apoderada, un entaponamiento”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que son procesos donde hay cientos de pruebas, hay cientos de testimonios, hay cientos de personas que intervienen y que genera una lógica distinta a lo normal.
Señaló que en la República Dominicana de cada tres casos que entran, el radio normal es que terminen convirtiéndose en 20 cada año. “Y esa cifra implica que nosotros tenemos por cada 30,000 casos, que es el promedio anual, un poco más de 30,000 casos, 200, más de 200,000 soluciones que deben ser dadas por nuestros tribunales.
El director de la ENJ dijo que la aspiración que se debería tener en la República Dominicana como sistema acusatorio es que la mayor parte, ojalá el 80% o el 90% de los casos terminen en un acuerdo porque estructuralmente en la República Dominicana no se dan soluciones tempranas.
“Nos mantenemos en un juego de ping pong, es decir, tenemos que vivir revisión tras revisión, revisión tras revisión de medidas, pero, además de que vivimos revisando las medidas, también hasta hace poco vivíamos ordenando nuevos juicios”, refirió.
Expresó que todo eso genera la imposibilidad de procesar los casos que llegan a la jurisdicción penal y de hacer posible, hacer viable ese ideal de la materialización de la justicia.
En ese mismo orden, el abogado y consultor experto Ramón Núñez, también destacó la relevancia de contar con herramientas que permitan dar soluciones eficaces a lo que ingresa al sistema.
“Esto se ve más necesario en el ámbito de la criminalidad organizada. La criminalidad organizada es de por sí compleja, plantea mayores retos que lo que plantean los casos ordinarios”, dijo.
Además, agregó “cuando los recursos son escasos y hay una gran cantidad de hechos que se presentan, que tocan la puerta del Ministerio Público, lo que se impone es la racionalización, el uso de los recursos en materia de crimen organizado.
Núñez indicó que, en el Código Procesal Penal del 2002, el de la reforma del 15 o ahora el del 2025 se encuentra el juicio como centro del proceso, pero que se van a encontrar una serie de herramientas que indican que el legislador ha tomado en cuenta a la hora de diseñar su política criminal, que el Ministerio Público cuente con soluciones que no se agotan exclusivamente en el juicio.
“Entonces, por eso vamos a tener la conciliación, por eso vamos a tener en otros casos la suspensión del proceso a prueba, suspensión condicional del procedimiento”, manifestó.
De su lado, Daniel Alonzo, profesor de Derecho en Cornell Law School, exfiscal federal de los Estados Unidos especializado en corrupción, destacó que un ningún sistema penal eficaz y mucho menos un sistema de control de corrupción puede funcionar si el 95% de los casos terminan en juicios orales. “Es un desperdicio de recursos y es un sistema que no va a terminar con certeza ni eficacia”, dijo.
Alonzo destacó que con los acuerdos se pueden desarticular redes completas, “que es la meta de ustedes; lo más importante en el compromiso de cualquier sistema de anticorrupción o de delincuencia organizada es desenredar una organización entera, una asociación ilícita entera y tratar lo más posible de imputar y lograr condenar a todos los delincuentes”.
El evento, que se desarrolló en el hotel Catalonia, contó con el auspicio de la embajada de Estados Unidos y la cooperación de Alemania y España.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, tuvo a cargo las palabras de apertura de la actividad que incluyó tres paneles sobre transparencia y rendición de cuentas, políticas de negociación en el marco de los procesos relacionados con la criminalidad organizada y sobre los principales obstáculos en el combate a la corrupci
El jurista explicó que los nuevos criterios del Código Procesal Penal no pueden modificar procesos ya extinguidos ni reinterpretar los límites legales fijados por el legislador.
La Procuradora General subrayó la firme decisión del Ministerio Público (MP) de continuar trabajando para romper el vínculo entre la criminalidad y la corrupción, enfocándose en la recuperación de los bienes desfalcados.
Al arrestado, Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare, se imputa la obtención preferencial de código del SeNaSa y contrato para compra de servicios de salud y telemedicina y en asociación ilícita con Ramón Alan Speakler Mateo.
El MP les imputa, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, recibió el documento de manos del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien estuvo acompañado por los integrantes de la comisión designada por el presidente Luis Abinader para revisar y reformar la ley que rige la Policía Nacional.
Abogados afirman que versiones difundidas en redes carecen de sustento y responden a patrones propios de campañas digitales destinadas a distorsionar la opinión pública.
El caso ha sido remitido a las instancias competentes para los fines legales correspondientes, asegurando un proceso transparente y apegado a la ley.
El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, expresó: “tenemos motivo de alegría y felicidad porque estamos entregando la obra deportiva número 33 en un año, tres meses y días, gracias al apoyo y disposición del presidente Luis Abinader”.
Nacido en San Juan y criado en la comunidad trabajadora de Río Piedras, Ithier fue un pianista autodidacta, arreglista, compositor, productor musical y director de orquesta de lo que muchos consideran la mejor orquesta de salsa del mundo.
El caso se viralizó debido a lo inusual del motivo, y aunque la mujer decidió llevar el caso ante la justicia, esta falló a favor de la empresa y confirmó que el despido era procedente al considerar que la empleada había incumplido de forma reiterada las instrucciones internas.
Jorge Ariel Mateo González, quien había sido declarado en rebeldía por la Corte de Apelación de Barahona, fue traído al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), luego de que las autoridades del Reino de España aceptaran la petición de extradición
En ese sentido, respalda que avance con rigor e imparcialidad la investigación en curso sobre los presuntos casos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), a fin de identificar a los posibles responsables y las acciones correspondientes.
Al arrestado, Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare, se imputa la obtención preferencial de código del SeNaSa y contrato para compra de servicios de salud y telemedicina y en asociación ilícita con Ramón Alan Speakler Mateo.
Hernández, de 57 años, fue liberado el 1 de diciembre en Estados Unidos, donde cumplía una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico, tras ser indultado por el presidente estadounidense Donald Trump.
El director Robert Polanco, celebra junto a Benny Metz, director de Conadis; y Fernando Benoit, del Caid; el primer almuerzo navideño con niños y adolescentes con condiciones especiales en Santo Domingo Oeste