La acusación formal señala que la ARS pública fue defraudada por miles de millones de pesos. El Ministerio Público informó que múltiples personas físicas y jurídicas siguen siendo investigadas, y serán judicializadas conforme avance la indagatoria.
JusticiaAyer
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, con la cual inicia un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
En la operación ha sido arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y otras siete personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.
Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la operación que llevó al arresto también de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, adelantó que el Ministerio Público realiza grandes esfuerzos para que los que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público.
Recordó que la administradora de riesgos de salud (ARS) SeNaSa pertenece a todos, por lo que se trata de una afectación a un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.
“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales”, dijo Reynoso.
“La Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos también retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del Patrimonio Público”, añadió.
El Ministerio Público ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el Director Ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Las acciones de la Operación Cobra son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y participa un equipo de fiscales expertos en investigaciones de criminalidad organizada.
El Ministerio Público pide imponer una garantía económica de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.
Sus abogados Jorge A. López Hilario, Gustavo Biaggi Pumarol y Heidy Guerrero González afirmaron que, por tratarse de una investigación penal en curso, no pueden ofrecer mayores detalles, pero subrayaron la voluntad de colaboración plena con la justicia.
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