
El caso ha sido remitido a las instancias competentes para los fines legales correspondientes, asegurando un proceso transparente y apegado a la ley.
Afirmó que el texto aprobado representa un «retroceso institucional» porque concentra un poder extraordinario en manos del Ministerio Público, reduce los controles judiciales y debilita derechos fundamentales
JusticiaHace 1 hora
El ex senador, Charles Mariotti, calificó como «injusto y profundamente desequilibrado» el proyecto de Código Procesal Penal recién aprobado por la Cámara de Diputados, al considerar que la pieza rompe el balance esencial que debe existir en un Estado social y democrático de derecho entre la persecución penal, las garantías del imputado y el rol neutral de los jueces.
Mariotti, pasado Secretario General del PLD, afirmó que el texto aprobado representa un «retroceso institucional» porque concentra un poder extraordinario en manos del Ministerio Público, reduce los controles judiciales y debilita derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según explicó, «lo que se presenta como modernización es, en realidad, un giro hacia un modelo más inquisitivo, más discrecional y menos garantista».
Mediante un despacho de prensa Mariotti considera que el proyecto permite que el Ministerio Público interrumpa la prescripción con simples actos unilaterales, extienda investigaciones por tiempo indefinido y aplique medidas reales sin notificación previa.
Considera que el rediseño procesal trastoca el principio de tutela judicial efectiva, ignora precedentes recientes del Tribunal Constitucional, como las sentencias TC/0592/24 y TC/0766/24, y crea un escenario en el que un solo actor procesa, condiciona y define las etapas críticas del proceso penal sin contrapesos reales.
También calificó como grave el «debilitamiento del derecho de defensa» que implica la reforma, al restringir el acceso temprano a la carpeta fiscal, permitir que la ausencia del imputado derive en medidas más severas sin notificación adecuada y mantener figuras ambiguas, como la del «investigado», ya declaradas contrarias al debido proceso.
A su juicio, estas disposiciones eliminan la igualdad de armas y comprometen la claridad con la que deben presentarse los cargos, tanto en la fase preliminar como en el juicio.
El exsenador también manifestó preocupación frente al uso ampliado de figuras intrusivas, como agentes encubiertos sin límites temporales definidos, interceptaciones que pueden renovarse sin tope establecido y la incorporación por lectura de informes encubiertos que no pueden ser controvertidos de manera efectiva.
Para Mariotti, «el combate al crimen no puede justificar la eliminación de garantías básicas ni la creación de espacios opacos donde la defensa no pueda ejercer contradicción real».
Hizo un llamado al Senado de la República a revisar a fondo la pieza, corregir sus desequilibrios y garantizar un Código Procesal Penal verdaderamente moderno, democrático y respetuoso de los derechos fundamentales.

El caso ha sido remitido a las instancias competentes para los fines legales correspondientes, asegurando un proceso transparente y apegado a la ley.

Entre los avances principales de esta pieza se destaca el de garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad personal.

Sobre ese tema en sintonía con lo declarado por el Secretario General del PLD se expresaron José Dantés Díaz y Francisco Domínguez Brito quienes cuestionaron la reforma aprobada por la Cámara de Diputados

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