Defensa de Adán Cáceres intenta evitar juicio en caso Coral alegando problemas de salud

El juicio de fondo se encuentra en su recta final en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a la espera de que las defensas presenten sus conclusiones y las demás partes repliquen.

JusticiaAyer
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El Ministerio Público (MP) denunció este lunes que la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre está implementando "tácticas dilatorias" al presentar una licencia médica de 45 días, sin historial clínico, con el objetivo de que su expediente sea desglosado del juicio principal que se sigue contra los imputados de las operaciones Coral y Coral 5G.

El proceso se encuentra en su recta final, a la espera de que las defensas presenten sus conclusiones y las demás partes repliquen.

Sin embargo, la audiencia programada para culminar la incorporación de pruebas fue aplazada debido a la supuesta condición médica de Cáceres Silvestre.

El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Pepca, explicó que el MP solicitó la conformación de una junta médica a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para verificar la veracidad y justificación del reposo prolongado, ya que la licencia presentada carecía de un historial clínico.

Ante esta situación, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, reprogramó la audiencia para el próximo 3 de noviembre.

El tribunal solicitó a la defensa técnica de Cáceres Silvestre que aporte al Ministerio Público la documentación médica correspondiente para justificar la licencia.

La Acusación en cifras

El Ministerio Público concluyó la presentación de sus pruebas el pasado 29 de agosto, sustentando la acusación de que la red de corrupción, liderada por Cáceres Silvestre (exjefe del Cusep), defraudó al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones entre 2012 y 2020.

La red, compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, desvió fondos públicos, incluyendo recursos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Entre las 2,900 pruebas presentadas se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes y 282 declaraciones de testigos, 214 inmuebles y 86 vehículos de alto cilindraje identificados, más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo incautados.

Los bienes incautados han generado ingresos por alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, los cuales el Ministerio Público también reclama a favor del Estado.

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