Presento denuncias formales ante el Ministerio Público para esclarecer los incidentes y asegurar la aplicación de las medidas correspondientes contra los responsables.
JusticiaHace 6 horas
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) ha reiterado su compromiso inquebrantable con el bienestar y la seguridad de los estudiantes tras los recientes casos de intoxicación registrados en centros educativos de Barahona y Sabana Grande de Boyá. La institución ha activado una respuesta inmediata con acciones legales y preventivas, reafirmando su política de cero tolerancia ante estos hechos.
El MINERD anunció que, a través de su Consultoría Jurídica, ya ha presentado denuncias formales ante el Ministerio Público para esclarecer los incidentes y asegurar la aplicación de las medidas correspondientes contra los responsables.
“Cada caso nos preocupa y nos ocupa profundamente. La seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad absoluta del MINERD, y no escatimaremos esfuerzos para proteger su integridad,” destacó la cartera educativa.
La institución está investigando los incidentes con máxima determinación, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes para identificar las causas y prevenir futuros sucesos.
Las autoridades educativas han asegurado que, además de las acciones legales, se están implementando medidas inmediatas para reforzar los protocolos de seguridad en los centros escolares, mientras se esperan los resultados de las indagaciones en curso.
El MINERD se comprometió a continuar presentando acciones legales ante cualquier situación que ponga en riesgo la salud de la comunidad educativa.
No obstante, al imputado, quien ya llevaba un año y tres meses en prisión, se le suspendió el resto de la pena bajo estrictas condiciones de cumplimiento.
El tribunal dictaminó que la condena debe ser cumplida en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres.
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La procuradora general instó a los líderes empresariales a involucrarse activamente en los esfuerzos del Ministerio Público (MP), incluyendo el impulso de una ley contra el crimen organizado.
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El principal argumento de los renunciantes se centra en la falta de garantías de seguridad para sus vidas durante las audiencias, citando la alteración del orden público en el entorno del Palacio de Justicia.
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