El procurador adjunto Wilson Camacho destacó la gravedad de los hechos y la necesidad de evitar que sucesos similares se repitan.
Hace 6 horas
Un tribunal de Santiago impuso medidas de coerción a los 11 policías imputados de abatir a cinco hombres la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita. La decisión se tomó tras ponderar la investigación preliminar del Ministerio Público y establecer la gravedad de los hechos.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago declaró el proceso de tramitación compleja e impuso prisión preventiva a cuatro agentes, elraso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz , el sargento Hairo Mateo Morillo, el cabo Yohandy Encarnación.
Estos deberán cumplir la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
A los otros siete imputados se les impuso una garantía económica de un millón de pesos (a través de una compañía aseguradora), impedimento de salida del país y presentación periódica. Estos son, los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas.
Los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
El tribunal también acogió la solicitud del Ministerio Público de autorizar una orden de protección en favor de las víctimas y testigos del proceso.
Víctimas y compromiso con la justicia
Los policías están siendo procesados por la muerte de cinco hombres: Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Al salir de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, enfatizó el compromiso del Ministerio Público: “Desde el principio nos hemos comprometido, ya investigamos y procesamos estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, expresó.
Camacho, quien estuvo acompañado por las fiscales de Santiago Quirsa Abreu Peña (titular) y Yeny Liranzo, y el procurador de corte Héctor García, señaló que es crucial que, como sociedad, se aprenda de estos hechos para "asegurarnos de prevenir que hechos de esta naturaleza no se repitan”.
La audiencia, presidida por la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, se extendió por más de seis horas con dos recesos.
Acusación y ocultamiento de evidencias
La solicitud de medida de coerción establece que los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros —un Mazda y un Honda Civic— y un KIA, modelo K5, del año 2013).
El Ministerio Público ha establecido que, luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación.
Según la instancia, los imputados se ubicaron frente a la entrada de la plaza, salieron rápidamente de los vehículos y, sin mediar palabras, dispararon contra las víctimas en presencia de un testigo que pudo grabar lo sucedido, a quien le quitaron el teléfono móvil.
Además, detalla que sustrajeron los DVR de los negocios del lugar, así como varios teléfonos de distintas personas presentes, con el interés de destruir evidencias y obstruir la investigación. Incluso, la instancia agrega que llamaron al propietario de un negocio cerrado para que entregara el DVR del local, el cual fue tomado por los agentes.
La calificación jurídica provisional del caso es la violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
La investigación inició por instrucción de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien solicitó determinar las circunstancias objetivas del caso y proceder conforme a los resultados.
El legislador fundamentó su solicitud en los maltratos y abusos cometidos por los agentes contra ciudadanos en distintas demarcaciones del país.
Los imputados formaban parte de la organización criminal dirigida por Yunior Santos Restrepo, condenado previamente a 12 años de prisión.
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El procurador adjunto Wilson Camacho destacó la gravedad de los hechos y la necesidad de evitar que sucesos similares se repitan.
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