FINJUS advierte al Congreso sobre la urgencia de un diálogo nacional para la reforma del Código Procesal Penal

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha advertido al Congreso Nacional sobre la necesidad de abrir la discusión de la reforma del Código Procesal Penal (CPP) a todos los sectores de la nación, para evitar que la nueva normativa carezca de consenso social y legitimidad.

El llamado de FINJUS se produce tras la sentencia TC/0765/24 del Tribunal Constitucional, la cual declaró inconstitucional por vicios de forma la Ley núm. 10-15 que reformaba el CPP.

Aunque el Tribunal suspendió los efectos de la sentencia por un año para evitar un vacío normativo, FINJUS ve esto como una "oportunidad institucional sin precedentes para repensar colectivamente" el ordenamiento penal.

Según Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, esta tarea no puede limitarse a un "procedimiento al vapor o el mero cumplimiento formal" de los procedimientos legislativos. En cambio, debe ser un ejercicio de concertación democrática y técnica.

"La legitimidad y efectividad de una norma procesal de esta envergadura no dependen solo de su técnica jurídica, sino del grado de consenso social que la respalde. La reforma del Código Procesal Penal debe ser producto de un diálogo plural que no solo escuche las voces de los operadores del sistema de justicia (Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial), sino también las de los actores sociales en la materia", subraya Castaños Guzmán.

Equilibrio y Visión de Estado

FINJUS insiste en que el reto de esta reforma es lograr un nuevo Código que "no se limite a castigar", sino que garantice el equilibrio y la justicia en sus normas, manteniendo la proporcionalidad y la razonabilidad.

La organización exhortó a que la discusión trascienda los espacios meramente técnicos y se abra a la ciudadanía informada. Este proceso debe servir para revisar y fortalecer instituciones esenciales como, las garantías del debido proceso, la tutela judicial efectiva, la razonabilidad de las medidas de coerción, y la protección de víctimas y testigos.

Castaños Guzmán concluyó que el Código Procesal Penal es la columna vertebral del sistema penal dominicano y su aplicación incide directamente en la confianza ciudadana.

Por ello, instó a asumir el debate con visión de Estado, con la participación de todas las "fuerzas vivas de la nación": el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, las universidades, la sociedad civil, los gremios profesionales y las asociaciones empresariales.

“Solo mediante un proceso inclusivo y transparente podremos asegurar que la reforma... consolide el Estado social y democrático de derecho, y refuerce la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, afirmó.