La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por supuestas graves irregularidades en el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir, ejecutado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
La instancia señala que el director del INTRANT, Milton Morrison, habría actuado en confabulación con el Consorcio Mobility ID para cometer actos que, según la denuncia, constituyen delitos contemplados en el ordenamiento jurídico dominicano.
El presidente de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, depositó el documento y solicitó a la directora de la PEPCA, Mirna Ortiz, investigar el proceso de licitación.
En dicho proceso, únicamente participó el Consorcio Mobility ID, que está integrado por las mismas empresas responsables de la emisión de libretas de pasaportes y de la nueva cédula de identidad y electoral.
ADOCCO advirtió que la concentración de información sensible (cédulas, pasaportes y licencias de conducir) en manos de las mismas empresas representa un riesgo para la seguridad nacional y podría facilitar la creación fraudulenta de identidades y documentos oficiales.
Licitación "Dirigida"
Según la denuncia, el Consorcio habría presentado documentación falsa sobre la impresora láser CLM600, atribuyéndose la condición de fabricante exigida en el pliego de condiciones sin poseerla realmente.
De la Rosa Tiburcio señaló que el INTRANT ignoró las impugnaciones presentadas, continuando con el proceso e incluso adelantando la apertura del Sobre B.
Además, manifestó que la licitación fue tan "dirigida" que solo pudo participar Mobility ID debido a trabas impuestas a otros oferentes, como la exigencia de una línea de crédito de 25 millones de dólares.
"Esto viola los principios constitucionales de libre empresa, participación y evaluación objetiva establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas", enfatizó el director de ADOCCO.
Julio César de la Rosa Tiburcio reveló que entregó a la PEPCA todas las pruebas documentales que respaldarían las irregularidades y reiteró su solicitud de una investigación exhaustiva.
El proceso también fue impugnado ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
