Solicitan 18 Meses de Prisión Preventiva contra 11 Policías Acusados de Homicidio en Santiago

El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra once agentes policiales a quienes les imputa los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de cinco hombres que resultaron abatidos la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago.

Los agentes policiales imputados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Las víctimas fatales son Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.

Solicitud de Caso Complejo y Obstaculización

La medida fue presentada ante la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago por el procurador adjunto Wilson Camacho (director general de Persecución del Ministerio Público), la fiscal titular interina Quirsa Milagros Abreu, y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos.

Los fiscales solicitan la declaratoria de caso de tramitación compleja y explican en la medida de coerción que, luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior.

Según el documento, los agentes llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros —un Mazda y un Honda Civic— y una KIA, modelo K5, del año 2013). “Los imputados se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas” en presencia de un testigo que pudo grabar lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil.

Además, los agentes sustrajeron los DVR de los negocios del lugar del hecho, “así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes, con el interés de destruir evidencias del proceso”. Incluso, la solicitud agrega que llamaron al propietario de un negocio cerrado solo para que les entregara el DVR del local, el cual fue tomado y sustraído.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la Asociación de Malhechores y el Homicidio Voluntario.

Tras el suceso, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director general de Persecución y a la fiscal titular de Santiago a realizar una investigación para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme al resultado de la misma”.