Con el cierre de cuatro emisoras, suman 11 las estaciones ilegales clausuradas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en los últimos dos meses.
Indotel advirtió que, en caso de ser necesario, recurrirá a la intervención del Ministerio Público y a la fuerza pública para aplicar “medidas precautorias” en clausuras de radiodifusoras que operen interceptando de manera ilegal frecuencias del espectro radioeléctrico del país.
En tal sentido, el presidente del consejo directivo del Indotel, Nelson Arroyo, ha señalado que llegó a la gestión del órgano regulador con la firme decisión de hacer cumplir la ley cabalmente.
La Ley General de Telecomunicaciones número 153-98 contempla, en los casos de faltas graves y reincidencias en operaciones ilegales de emisoras, desde multas, incautación de equipos hasta la prisión preventiva del infractor, “dependiendo de las características de las violaciones”.
Las emisoras clausuradas fueron en la región Norte: “Misionera FM” que usaba la frecuencia 102.9 MHz y “Palmera Digital FM” (87.5 MHz) del municipio de Jarabacoa, provincia La Vega; “Extrema 92” (92.5 MHz) y “Tamboril FM” (87.5 MHz) que operaban en la provincia Santiago, en los municipios de Santiago y Tamboril, respectivamente, indicó la directora ejecutiva del Indotel, Julissa Cruz.
Lo que dice la ley. En la Ley 153-98 que regula el espectro radioeléctrico, se considera entre las “faltas muy graves” la prestación de servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente concesión, licencia o inscripción, precisó la directora ejecutiva del Indotel.
Cruz advierte que también la ley contempla como faltas graves “la producción de interferencias definidas como perjudiciales de acuerdo a las reglas y normas internacionales, cuando provenga de la utilización del dominio público radioeléctrico sin la correspondiente licencia o del uso de frecuencias distintas de las autorizadas”.
Señaló que el propio texto legal autoriza a Indotel a aplicar medidas precautorias con miras a reestablecer el orden jurídico, lo que implica el cierre provisional o la suspensión provisional de la estación ilegal, pudiendo, asimismo, “solicitar judicialmente la incautación de los equipos o aparatos”.
Según las investigaciones realizadas en el registro interno del Indotel, “no existe autorización de concesión para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora” en las localidades antes mencionadas, así como tampoco estas emisoras operaban con el Certificado de Licencia que le acredite el uso de las citadas frecuencias.
El Indotel había cerrado también a las emisoras ilegales Contenta y Sainaguá en San Cristóbal, que operaban en las frecuencias 94.3 MHz y 91.1 MHz; Extrema FM en Cotuí; La Del Pueblo (88.3 MHz); Radio Maimón, (87.9 MHz) y las emisoras que transmitían desde las frecuencias 91.5 MHz y 87.7 MHz en los municipios de Maimón y Piedra Blanca, de la provincia Monseñor Nouel.
