Tribunal otorga prórroga de cuatro meses al Ministerio Público en el caso Operación Camaleón

El Ministerio Público ha logrado una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación y presentar acusación en la Operación Camaleón. Este caso de corrupción administrativa y crimen organizado involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi), y a otros procesados.

La decisión fue tomada por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fijó el 8 de octubre de 2025 como fecha límite para la presentación de la acusación formal. La extensión del plazo responde a la complejidad de las evidencias tecnológicas y el voluminoso expediente del proceso.

El equipo de fiscales litigantes estuvo encabezado por Wilson Camacho, Director General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Estuvieron acompañados por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos y Miguel Collado.

Mirna Ortiz explicó que la solicitud de prórroga se basó en una serie de elementos que convencieron al tribunal de que el plazo inicial era insuficiente. "Los procedimientos aún en curso no obedecen a negligencia ni retraso institucional, sino al gran cúmulo de evidencias que tiene este caso, sobre todo, evidencia de índole tecnológica que han dificultado la culminación de ciertas experticias", señaló Ortiz.

La procuradora consideró que el tribunal actuó correctamente al otorgar la prórroga establecida en el Código Procesal Penal y afirmó que "en ese plazo estaremos presentando el acto conclusivo propio de este proceso".

Posibles Nuevos Imputados en el Caso
Consultada sobre la posibilidad de incluir nuevos imputados en el proceso, Ortiz comentó a los periodistas: "Ustedes saben que nuestras operaciones siempre se caracterizan por continuar con las líneas investigativas, lo que quiere decir que existe la posibilidad de que se añadan nuevas personas con la presentación del acto conclusivo".

 Imputados y Delitos Atribuidos
 Además de Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán (propietario de la empresa Aurix S.A.S.), el proceso judicial incluye como imputados a:

Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero.
Carlos José Peguero Vargas.
Los imputados son señalados como miembros de una red de corrupción y crimen organizado, vinculada a delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.

Dichos ilícitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, así como en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal. También se aplican la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y el Contrabando; la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.