Ocho personas y una empresa de Bonao están implicadas en un esquema que sustrajo fondos mediante transferencias ilícitas y usurpación de identidad.
JusticiaEl viernes
El Ministerio Público ha solicitado la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra ocho imputados, además de presentar cargos contra una persona jurídica, por su vinculación a una red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario. La desarticulación de esta red se logró mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Los imputados físicos son Fredery García Ortiz, señalado como el cabecilla de la estructura criminal y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., junto a su pareja María Carolina Durán Tavárez, también implicada en las operaciones fraudulentas.
Adicionalmente, enfrentan cargos Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (Chango). La persona jurídica Decoral Muebles y Más, S.R.L., cuyos establecimientos servían de fachada para actividades ilícitas vinculadas al fraude bancario y la usurpación de identidad, también ha sido imputada.
La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en representación del Ministerio Público.
Origen de la investigación y modus operandi
La investigación se originó a raíz de reclamaciones realizadas por varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional. Esto dio paso a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que, de manera fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y, posteriormente, retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.
El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. La fiscalía trabajó este caso junto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional. Este operativo permitió la ejecución de múltiples allanamientos (34 simultáneos) en los que se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso. Contó con la participación de 40 fiscales y más de 200 agentes del Dicat. Los implicados lograron sustraer información confidencial para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas de beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose ilegalmente de fondos.
Durante el operativo, también se ocuparon sustancias controladas y vehículos. El Ministerio Público procedió, además, a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas.
Calificación jurídica y justificación de la solicitud
El Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Para fundamentar la solicitud de la medida de coerción, el Ministerio Público presentó diferentes pruebas que acreditan la participación de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, modus operandi y los resultados fraudulentos obtenidos.
Además, el órgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó al tribunal la imposición de prisión preventiva para garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigación, la cual continúa abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.
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