
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia envió a prisión preventiva a Gerardo Heriberto Núñez Núñez, a la espera de que se conozca la solicitud de extradición.
Ocho personas y una empresa de Bonao están implicadas en un esquema que sustrajo fondos mediante transferencias ilícitas y usurpación de identidad.
Justicia27 de junio de 2025El Ministerio Público ha solicitado la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra ocho imputados, además de presentar cargos contra una persona jurídica, por su vinculación a una red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario. La desarticulación de esta red se logró mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Los imputados físicos son Fredery García Ortiz, señalado como el cabecilla de la estructura criminal y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., junto a su pareja María Carolina Durán Tavárez, también implicada en las operaciones fraudulentas.
Adicionalmente, enfrentan cargos Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (Chango). La persona jurídica Decoral Muebles y Más, S.R.L., cuyos establecimientos servían de fachada para actividades ilícitas vinculadas al fraude bancario y la usurpación de identidad, también ha sido imputada.
La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en representación del Ministerio Público.
Origen de la investigación y modus operandi
La investigación se originó a raíz de reclamaciones realizadas por varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional. Esto dio paso a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que, de manera fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y, posteriormente, retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.
El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. La fiscalía trabajó este caso junto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional. Este operativo permitió la ejecución de múltiples allanamientos (34 simultáneos) en los que se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso. Contó con la participación de 40 fiscales y más de 200 agentes del Dicat. Los implicados lograron sustraer información confidencial para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas de beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose ilegalmente de fondos.
Durante el operativo, también se ocuparon sustancias controladas y vehículos. El Ministerio Público procedió, además, a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas.
Calificación jurídica y justificación de la solicitud
El Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Para fundamentar la solicitud de la medida de coerción, el Ministerio Público presentó diferentes pruebas que acreditan la participación de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, modus operandi y los resultados fraudulentos obtenidos.
Además, el órgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó al tribunal la imposición de prisión preventiva para garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigación, la cual continúa abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia envió a prisión preventiva a Gerardo Heriberto Núñez Núñez, a la espera de que se conozca la solicitud de extradición.
Julio José Rojas Báez, con más de 20 años de carrera en el ámbito jurídico, ha ocupado importantes cargos, como primer secretario titular del Tribunal Constitucional dominicano y director legal de Edesur.
Los detenidos fueron identificados como Carlos Ernesto Díaz (alias "Carlitos") y Miguel González Lora (alias "Puig"). Ambos son señalados como presuntos distribuidores de drogas en los barrios de Baní.
Enmanuel Pimentel, en su rol de abogado y ciudadano, argumenta que en las cárceles dominicanas hay personas que enfrentan situaciones dolorosas y claman por compasión.
El detenido ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades continúan las investigaciones encontrar a otros posibles implicados.
Según la denuncia, el incidente ocurrió después de que la víctima le comunicara a Contrera Sánchez su decisión de terminar la relación.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia envió a prisión preventiva a Gerardo Heriberto Núñez Núñez, a la espera de que se conozca la solicitud de extradición.
El líder político enfatizó que las batallas de hoy por una República Dominicana "justa, democrática, próspera y soberana" son una continuidad de las luchas restauradoras.
Robert Polanco aseguró que, en los cinco años de gestión de Abinader, se ha consolidado la inversión pública, lo que ha llevado a que unos 440 mil dominicanos salgan de la pobreza
En cinco años de gestión, el país ha pasado de 3 a 5 terminales de cruceros, construido 18 muelles y logrado una inversión superior a los US$531 millones.
Dijo que un debate solo es apropiado en un contexto de campaña electoral, ya que su objetivo es "humillar" al oponente, algo que considera impropio para un mandatario en ejercicio.
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Resaltó varias de sus iniciativas clave presentadas en su primer año de gestión, construcción de una Ciudad Sanitaria en la avenida Freddy Beras Goico, en Santo Domingo Este, entre otras.
El presidente Abinader ha fortalecido áreas clave de su administración, reafirmando el compromiso de su gobierno con la transparencia y la eficiencia en el servicio público.
"Vamos a construir, entre todos, la nueva versión de SeNaSa", expresó Guzmán, quien se compromete a fortalecer la gestión financiera, optimizar los procesos internos y consolidar la confianza de los afiliados