El Ministerio Público señala que el pasado 18 de abril, de manera engañosa, el imputado consiguió que el niño, que se encontraba en la parte frontal de un negocio de venta de comida rápida, abordara la motocicleta en la que se transportaba
JusticiaAyer
El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal la imposición de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra un hombre al que le imputa secuestrar, violar y asesinar a un niño de 9 años de edad, en un hecho registrado el pasado 18 de abril.
En la solicitud de medida de coerción, depositada por los fiscales Ana Mercedes Pichardo Puello y Laura Cecilia Segura Cordero, el órgano persecutor del delito señala la gravedad de los hechos que se le imputan a Jesús Alberto Camacho Decena, a quien responsabiliza por el secuestro, violación y asesinato del niño.
Indica en su solicitud que Camacho Decena no cuenta con los arraigos que le permitan conocer el proceso en otra condición que no sea la prisión preventiva, medida de coerción, que dijo, de no ser aplicada, existe el peligro de fuga por parte del imputado.
El Ministerio Público señala que el pasado 18 de abril, de manera engañosa, el imputado consiguió que el niño, que se encontraba en la parte frontal de un negocio de venta de comida rápida, abordara la motocicleta en la que se transportaba, la cual utilizó para trasladarse hacia una zona boscosa, ubicada entre Los Asises y Montaño, San Cristóbal, lugar donde violó sexualmente a la víctima, a quien posteriormente dio muerte, asfixiándolo por inmersión en una cañada en donde dejó el cadáver abandonado.
Al presente hecho, el Ministerio Público le ha otorgado la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 396, literales A, B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 330 y 331 del Código Penal Dominicano.
El juez Argelis Ariel Rojas Espinal, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, dictó la medida de coerción y ordenó su cumplimiento en la cárcel pública del municipio Baní, en la provincia Peravia.
Espinosa Guerra fue hallado culpable de dañar o alterar datos informáticos en su condición de empleado público, violando el artículo 10 y su párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Las investigaciones determinaron que el imputado se hacía pasar por policía asimilado a través de publicaciones en redes sociales en las que se promovía, a pesar de ser falso, como una persona que participaba en labores de socorro
La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, valoró la decisión del tribunal, al tiempo que destacó que los procesados recibieron una condena ejemplar y la afectación de los activos que, como organización, habían obtenido por sus actividades ilícitas.
El tribunal también le condenó al pago de una indemnización de RD$5,000,000.00 a favor de la entidad financiera, así como al pago de las costas penales del proceso.
Según lo establecido en la instancia con la solicitud de medida de coerción, el imputado comenzó a abusar sexualmente de la víctima en octubre de 2024.
Con el 93,59 % del escrutinio, Noboa sumó un 55,85% de votos mientras González un 44,15%. La autoridad electoral lo declaró ganador al evidenciarse una “tendencia irreversible”.
La iniciativa del senador Pedro Tineo busque que la ley se aplique a todas las edificaciones e infraestructuras, cuya construcción haya sido concluida 10 años antes de la entrada en vigencia
Esta medida tiene como objetivo contribuir al descongestionamiento del tránsito en la región Sur del país, ante el considerable incremento del flujo vehicular que se registra durante el asueto de Semana Santa.
La tragedia ha conmovido profundamente tanto a la República Dominicana como a su comunidad en este estado, donde residen más de 380,000 dominica
En los últimos años, Francisco había sufrido varios problemas de salud. Se movilizaba en una silla de ruedas debido a dolores de rodilla y de espalda.
El juez Argelis Ariel Rojas Espinal, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, dictó la medida de coerción y ordenó su cumplimiento en la cárcel pública del municipio Baní, en la provincia Peravia.
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El Ministerio Público señala que el pasado 18 de abril, de manera engañosa, el imputado consiguió que el niño, que se encontraba en la parte frontal de un negocio de venta de comida rápida, abordara la motocicleta en la que se transportaba
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