Este miércoles comenzó el juicio en Madrid contra una mujer por la muerte de la presidenta del consorcio en el que vivía, en el barrio de Carabanchel. La víctima fue descuartizada y carbonizada. Aunque la acusada aseguró que el deceso fue accidental, reconoció que es responsable de homicidio imprudente por no auxiliarla.
La mujer, identificada como Marta C.H., de 34 años, expresó que el día de la muerte, ocurrida el 27 de febrero de 2023, había ido a su vivienda con una valija para terminar de sacar sus pertenencias, ya que se había separado de su pareja y se había ido de la propiedad. Además, había acordado con la fallecida, Pilar M.G., revisar unas deudas que tenía pendientes y que le eran reclamadas.
De acuerdo con su versión, la víctima resbaló en el baño y al caer se golpeó la cabeza, por lo que trató de levantarla, pero al ver el golpe, se asustó y la soltó, por lo que volvió a caer. Confesó además que, tras el deceso, puso el cuerpo en la valija y lo llevó en el baúl del auto hasta la localidad de Toledo, donde armó una pira y le prendió fuego.
Por estos hechos, la defensa solicita una pena de dos años de cárcel por el delito de homicidio imprudente y otro por la profanación del cadáver.
Sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación reclama una condena de 13 años de cárcel por homicidio, además del pago de una indemnización de 100.000 euros (unos 104.000 dólares) a los familiares de la víctima, en concepto de responsabilidad civil.
Por eso, pidió una condena de 25 años de prisión por el asesinato, más tres por falsedad documental y cinco meses por profanación de cadáver.
El delito de falsedad está vinculado con dos recibos falsos de unos 500 euros (cerca de 520 dólares) cada uno con los que la procesada intentaba justificar la transferencia de la deuda que le reclamaban por la falta de pago de las facturas de agua y de electricidad. Sin embargo, una empleada bancaria advirtió a Pilar M.G. sobre la maniobra, quien habló del tema con Marta C.H.
Por eso, la acusación detalla que el crimen y la desaparición del cuerpo tuvieron como objetivo que "que nadie le volviera a reclamar los pagos ni responsabilidad alguna por los justificantes de pago falsificados y sortear el riesgo de ser descubierta".
La acusación
Sergio Torres, abogado de la familia de la víctima, aseguró que hay pruebas científicas para confirmar que se trató de un asesinato. "Fue algo claramente premeditado por una deuda de 538 euros (aproximadamente 560 dólares) que impedía que el resto de los vecinos tuviera calefacción", expresó.
