Los demandantes denuncian que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por el magnate, recibió acceso no autorizado a los datos privados de los ciudadanos del país.
Así va el mundo08 de febrero de 2025
El paso fue anunciado este viernes por la fiscal de Nueva York, Letitia James, que encabeza al grupo de demandantes.
La Administración republicana está acusada de autorizar "de manera ilegal" a Musk y a su entidad acceso "al sistema central de pagos del Departamento del Tesoro y, por tanto, a la información personal más sensible de los estadounidenses, incluidos los detalles de las cuentas bancarias y los números de seguridad social", reza el comunicado de la Fiscalía de Nueva York. "Este acceso ampliado podría permitir a Musk y a su equipo bloquear los fondos federales a los estados y programas que proporcionan asistencia sanitaria, cuidado de niños y otros servicios críticos", agrega el texto.
Aparte de Nueva York, a la demanda se unieron los estados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
"Como hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan 'no', pero en nuestro país nadie está por encima de la ley", declaró Letitia James. "El presidente Trump no tiene poder para dar su información privada a quien quiera. Y su amigo multimillonario no electo no puede cortar el gasto federal con el clic de un botón", escribió la fiscal en sus redes sociales.
Musk accede al sistema federal de pagos
Previamente, se informó que el DOGE obtuvo acceso al sistema de pagos del Departamento del Tesoro de EE.UU. Esto otorga a Musk y sus colaboradores una poderosa herramienta para supervisar el gasto público, y podría brindar a la Administración Trump otro mecanismo para limitar unilateralmente los fondos aprobados para fines específicos por el Congreso, indicó The New York Times.
El recién nombrado secretario del Tesoro, Scott Bessent, autorizó a los representantes del DOGE acceso al sistema, que gestiona anualmente más de seis billones de dólares en pagos federales, incluyendo prestaciones de la seguridad social y del seguro médico Medicare, así como devoluciones de impuestos. Este acceso, que "ha estado históricamente muy controlado", implica la posibilidad de consultar información sensible de millones de ciudadanos del país.
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