La Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus iniciales en inglés), que gestiona los recursos humanos del Gobierno de Estados Unidos, ha anunciado este martes que se ofrecerán paquetes de liquidación a todos los empleados federales que presenten su renuncia hasta el próximo jueves 6 de febrero.
Al advertir sobre potenciales recortes de plantilla en distintas agencias federales bajo la Administración de Donald Trump, la OPM informó que aquellos que dejen su puesto de manera voluntaria a más tardar la próxima semana contarán con los beneficios del "programa de dimisión diferida", que incluyen una compensación salarial equivalente a ocho meses de trabajo.
"Si presenta su dimisión en el marco de este programa, conservará todos los pagos y beneficios independientemente de su carga de trabajo diaria y estará exento de todos los requisitos de trabajo presencial hasta el 30 de septiembre de 2025 (o antes, si decide acelerar su dimisión por cualquier motivo)", escribió la agencia gubernamental en un correo electrónico enviado a más de dos millones de empleados federales.
Quienes decidan permanecer en su puesto no pueden tener garantías de que lo preservarán y de que evitarán los recortes, advirtió la OPM, prometiendo que, si finalmente terminan perdiendo el trabajo, se les tratará "con dignidad" y se les brindarán todas las protecciones previstas por la legislación estadounidense de acuerdo a la posición que ocupan.
La OPM también subrayó que "los empleados estarán sujetos a estándares más estrictos de idoneidad y conducta", señalando que "la fuerza laboral federal debería estar compuesta por empleados que sean confiables, leales, dignos de confianza y que se esfuercen por la excelencia en su trabajo diario".
"Esta oferta no debería verse como voluntaria"
Por su parte, Everett Kelley, presidente del sindicato AFGE (Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales), declaró en un comunicado que la propuesta de la OPM "no debería verse como voluntaria", sino como una forma de presionar a los trabajadores para que renuncien a sus empleos.
"Purgar el Gobierno federal de funcionarios públicos dedicados a su carrera tendrá vastas consecuencias no intencionadas que provocarán el caos entre los estadounidenses que dependen de un Gobierno federal que funcione", aseveró.
"Entre la avalancha de órdenes ejecutivas y políticas contra los trabajadores, está claro que el objetivo de la Administración Trump es convertir al Gobierno federal en un entorno tóxico donde los trabajadores no puedan quedarse aunque quieran", concluyó Kelley.
