El Gobierno de España puso fin al visado conocido como 'golden visa', que permitía obtener el permiso de estancia o residencia en el país a los que adquirieran una propiedad por más de 500.000 euros y cuya finalidad era atraer grandes patrimonios a España, mediante la Ley Orgánica 1/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado.
Según la nueva norma en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, varios artículos de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que regulaban el visado de residencia para inversores, quedaron sin contenido, por lo que se introdujo una nueva disposición transitoria.
De acuerdo con los cambios, los visados y autorizaciones para inversores que tengan validez a la fecha de entrada en vigor de esta resolución provisional (3 de abril de 2025), conservarán la vigencia durante el tiempo para el que hayan sido expedidos.
Además, se explica que la supresión de la 'golden visa' no afectará a los visados y autorizaciones solicitados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Asimismo, en el caso de presentarse solicitudes de renovación, se tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en la fecha de concesión de la autorización inicial.
¿Qué es la 'golden visa'?
La llamada ley de emprendedores, que entró en vigor a finales de septiembre de 2013, permitía solicitar un visado de estancia o residencia a los extranjeros que realizaran una inversión significativa de capital en la economía española.
Entre las opciones disponibles, se encontraban las inversiones iniciales por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública española o a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de sociedades españolas con una actividad real de negocio, fondos de inversión, fondos de capital riesgo o depósitos bancarios en entidades financieras españolas. De igual modo, se proponía adquirir inmuebles en España por un valor igual o superior a 500.000 euros (515.000 dólares).
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, precisó en una rueda de prensa que con esta medida, el Gobierno busca garantizar que el acceso a la vivienda sea considerado "un derecho" y no "un mero negocio", cita El Debate.
En abril de 2024, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros estudiaría la posibilidad de modificar dicha norma.
