La Justicia argentina notifica a la Interpol sobre el pedido de captura de Nicolás Maduro

El juez federal Sebastián Ramos emitió un oficio dirigido a la Interpol, a la que le solicitó "recabar de forma urgente" la "información que permita la identificación" de Maduro.

Actualidad25 de septiembre de 2024  Agencia EFE
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Nicolás Maduro habla durante una reunión con el Consejo de Economía Productiva en Caracas, el 19 de septiembre de 2024Francisco Batista/AFP

Buenos Aires, Argentina

Un juez de Argentina notificó este miércoles a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) del pedido de captura librado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una causa por posibles crímenes de lesa humanidad tramitada en tribunales argentinos, informaron fuentes de la querella.

El juez federal Sebastián Ramos emitió un oficio dirigido a la Interpol, a la que le solicitó "recabar de forma urgente" la "información que permita la identificación" de Maduro; del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, y de otros miembros del Ejecutivo venezolano con pedido de captura.

En un comunicado, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), querellante en la causa, exhortó a la Interpol a "tramitar las alertas rojas para que sean detenidos los perpetradores de estos crímenes y que pueda haber justicia para las víctimas".

El pasado lunes, la Cámara Federal instruyó al juez Ramos a "disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina" de Maduro, Cabello y otros funcionarios venezolanos para ser juzgados en Argentina por presuntos delitos de lesa humanidad.

En su fallo, la Cámara Federal consideró que la cúpula del Gobierno venezolano ha ejecutado "un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada" en contra de la población civil en Venezuela, mediante prácticas de "persecución, secuestro, tortura y asesinato".

La causa que se tramita en tribunales argentinos se inició en enero de 2023 por una denuncia presentada por el FADD basada en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los responsables o sus víctimas.

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