
El juez Rigoberto Sena, reconoce la fortaleza de la investigación del Ministerio Público, e impone, además, arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas para otros tres imputados.
La decisión fue dada a conocer la madrugada de este sábado por el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la instrucción del Distrito Nacional
Justicia29 de junio de 2024 ventana
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa,(PEPCA) , Wilson Camacho, calificó como una victoria contundente de parte del Ministerio Público, la decisión del juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que envía a juicio al exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros acusados en Operación Medusa.
La decisión de hoy es una contundente victoria del Ministerio Público. Este es un caso, que desde el principio, ha sido un proceso sobre probado y por eso tenía en la acusación más de 10 mil páginas, que contienen la gran cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público y que esperamos sean más que suficientes en el juicio para producir sentencia condenatoria con relación a las personas que han sido enviada a juicio”, dijo Camacho a su salida de la audiencia donde fue conocida la decisión del tribunal.
La lectura del fallo del juez Martínez inició pasada las 9:00 de la mañana del viernes y concluyó en la madrugada de este sábado, donde tras motivar el fondo y la forma de cada uno de los incidentes de los imputados, donde además de a Rodríguez, emitió el auto de apertura a juicio en contra de Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
Así como también, irán a juicio Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
En la lectura de la decisión, el tribunal ponderó los acuerdos previos presentados por el Ministerio Público y mantiene la medida de coerción de Jonathan Joel Imbert, mientras que desestimó la solicitud medida de coerción de prisión domiciliaria al acusado Jean Alain Rodríguez, además de dictar auto de no a lugar a los terceros civilmente demandados.
El titular de la Pepca destacó la efectividad de los acuerdos alcanzados por el Ministerio Público con las defensas de los acusados.
“El tribunal envió a juicio a todos los acusados que no lograron acuerdos con el Ministerio Público, excluyendo solo a una acusada, la cual el Ministerio Público esperará la decisión íntegra para decidir si apela o no esta decisión”, dijo Camacho, quien señaló que el tribunal acogió todos los acuerdos presentados por el Ministerio Público y resaltó que estos acuerdos, constituyen un 54% de los acusados en este proceso, quienes salen con sentencias condenatorias en esta etapa, lo que indicó, es una contundente victoria del órgano persecutor.
“Es una señal y es una muestra más, de que el Ministerio Público, cuando acuerda, lo hace siempre sobre la base que establece la constitución y las leyes. Así ha sucedido en este proceso y es por eso que el tribunal los ha acogido todos y así sucede en todos los procesos que el Ministerio Público llega a acuerdo con los acusados”, afirmó Camacho.
El procurador adjunto, también precisó que el Ministerio Público continúa abierto a seguir realizando acuerdos en este proceso, que se avecina a juicio.
“Nosotros hacemos acuerdo con cualquier persona que esté dispuesta a admitir los hechos, lo hemos hecho ahora y estamos abierto a seguirlo haciendo en el juicio que se presenta para este caso”.
En el conocimiento del envío a juicio, fue presentada en una síntesis, las diferentes líneas de investigación contra Jean Alain Rodríguez, por múltiples actos de corrupción, entre ellos, los procesos fraudulentos realizados para el desfalco al Estado dominicano, utilizando el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República durante su gestión entre 2016 y 2020.
El exfuncionario y compartes son acusados de incurrir en actos de corrupción, soborno y lavado de activos durante su gestión como máximo representante del Ministerio Público (2016-2020), proceso durante la cual, según el expediente acusatorio, fueron malversados seis mil millones de pesos.
En la acusación, figuran, además, 41 personas físicas y 22 empresas.
El tribunal fijo la lectura integra de esta decisión para el 5 de agosto a las 9:00 de la mañana.

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